Programas sociales son elevados a rango constitucional en Edomex

El Congreso mexiquense aprobó en comisiones unidas una reforma que otorga rango constitucional a varios programas sociales en la entidad, con lo que se asegura su permanencia, presupuesto y crecimiento progresivo en beneficio de mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y sectores en condición de vulnerabilidad.

El dictamen modifica varios artículos de la Constitución del Estado de México con el objetivo de incorporar como derechos los apoyos a adultos mayores, mujeres, vivienda, salud, educación y alimentación, con lo que próximas administraciones no podrán quitar los programas o reducir sus recursos por temas políticos o económicos, a menos que impulsen una nueva reforma a la Constitución.

Programas sociales son elevados a rango constitucional

Con la medida, se establece la obligación de garantizar recursos presupuestales suficientes y de evaluar de manera periódica el impacto de los programas. El objetivo es asegurar que los apoyos se amplíen con el tiempo y se adapten a las necesidades de la población.

Diputados de Morena subrayaron que la iniciativa busca dar certidumbre a beneficiarios que dependen de estos esquemas para cubrir necesidades básicas. Recordaron que, a nivel nacional, ya fueron reconocidos constitucionalmente programas como las pensiones para adultos mayores y los apoyos universales para personas con discapacidad, por lo que el Estado de México se suma a esa tendencia.

Programa Mujeres con Bienestar

Uno de los ejemplos más citados fue el programa Mujeres con Bienestar, que otorga apoyos económicos, servicios de salud, asesoría jurídica y respaldo psicológico a miles de mexiquenses. Con la reforma, este esquema pasará a ser un derecho social respaldado en la Constitución mexiquense.

La reforma también contempla fortalecer los programas de alimentación, las acciones de vivienda digna para jóvenes y trabajadores del campo, así como los mecanismos de rehabilitación para personas con discapacidad.

Legisladores destacaron que elevar a rango constitucional estas políticas sociales significa blindarlas de cambios de gobierno y asegurar que se conviertan en parte del andamiaje jurídico que obliga al Estado a mantenerlas y consolidarlas.

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