Luis Fernando Camacho Lupercio, uno de los 13 aspirantes a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, propuso instalar juzgados en los 125 municipios de la entidad, con el propósito de acercar la justicia a la población y abatir la desigualdad en el acceso a los servicios jurisdiccionales.
Proponen instalar juzgados en los 125 municipios
Aunque sostiene que no es militante de ningún partido político, reconoce su afinidad con los principios de la Cuarta Transformación.
“La transformación que se inició —así lo considero yo— desde el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue lo que se denomina el primer piso.
Estamos en otro momento, y desde que se sembró esa semilla del movimiento transformador tuve oportunidad de participar. Lo menciono también porque ha sido parte de las críticas de los conservadores, los opositores. No soy militante de algún partido, pero sí soy hermano de lucha y de historia”, afirmó.
Camacho ha desarrollado su carrera profesional en el servicio público, principalmente en el ámbito del derecho penal. Fue agente del Ministerio Público Federal en el Estado de México durante diez años y ha sido capacitador y ponente en diversas instituciones sobre juicios orales, sistema penal acusatorio y derecho constitucional.
También se desempeñó como asesor técnico en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, además de ejercer la abogacía en firmas jurídicas del país. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Desde su perspectiva, el derecho penal debe priorizar la prevención de los delitos antes que endurecer las penas. “Cuando el derecho penal recurre a penas altas, es porque ha fracasado un enfoque preventivo basado en la armonía y el amor al prójimo.
Un derecho penal exitoso es aquel que evita la comisión del delito”, sostuvo. En este sentido, consideró que se debe fortalecer la resolución conciliatoria de los conflictos y contar con personal suficiente, capacitado y sensibilizado para trabajar en esa vía.
La idea es acercar la justicia a la población
Una de sus propuestas centrales es instalar un juzgado en cada uno de los 125 municipios de la entidad —actualmente sólo hay en 36—, así como designar un defensor de oficio en cada uno. Esto, dijo, evitaría que las personas tengan que desplazarse largas distancias para enfrentar un juicio. “Sí hay recursos para hacerlo.
El presupuesto del Poder Judicial, por ley, no puede ser menor al 2 por ciento del presupuesto total del estado, pero además se pueden hacer gestiones para aumentarlo”, aseguró.
Para concretar la iniciativa, propuso reducir entre 15 y 20 por ciento los salarios de los altos mandos del Poder Judicial, especialmente de quienes perciben ingresos superiores a los de la Presidencia de la República. También planteó firmar convenios con los 125 ayuntamientos para utilizar inmuebles subutilizados como sedes de los centros de justicia, sin necesidad de construir nuevos.
“Como la acción debe ser inmediata, firmaríamos convenios con los municipios para usar inmuebles que están desperdiciados. Sabemos que algunos tienen proyectos a futuro, pero si hoy están sin uso, ¿por qué no destinarlos a la justicia para el pueblo?”, cuestionó.
El proyecto, indicó, requerirá cerca del 40 por ciento del presupuesto anual del Poder Judicial en su primer año, por lo que será necesaria una reingeniería financiera para dotar a los nuevos juzgados de lo indispensable, incluidos jueces y defensores públicos, ya que, advirtió, los existentes son insuficientes.
Camacho estimó que en un año podrían concretarse los convenios de comodato con los municipios, lo que marcaría un avance significativo hacia un sistema de justicia más cercano y equitativo.
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SPM