Proponen hasta 5 años de cárcel para “abogados patronos” que incurran en malas prácticas en el Edomex

A partir de reformas al Código Penal, se busca que en el Estado de México se pase de 2 a 5 años el sancionar prácticas indebidas de abogados, litigantes y asesores jurídicos que afecten la impartición de justicia.

Plantean aumentar penas contra prácticas indebidas de abogados en defensa de personas

La propuesta es de la bancada de Morena a través del diputado local, Octavio Martínez Vargas, misma que fue turnada a comisiones para su análisis como dictaminación en las próximas semanas.

Se trata de la homologación de la ley estatal con la federal, que busca incorporar nuevas fracciones que tipifican conductas como la simulación de actos jurídicos, la presentación de pruebas falsas y la promoción de recursos notoriamente improcedentes para dilatar juicios.

Además, el uso consciente de documentos o testigos falsos, y la alteración de elementos de prueba, entre otras prácticas que afectan gravemente el sistema judicial.

En el pleno, Martínez Vargas resaltó que con la iniciativa se busca cerrar vacíos legales, proteger a la ciudadanía frente a abusos, simulaciones y dilaciones indebidas. Aunque aclaró que no se busca criminalizar el ejercicio ético de la abogacía.

Confianza en el sistema judicial

Y es que se pretende fortalecer la confianza en el sistema judicial al garantizar el acceso a una justicia pronta, honesta y respetuosa de los derechos humanos.

“Para efecto de dignificar la defensa, el quehacer de la abogacía, una actividad digna…falta empatía, compromiso, y como no si cada defensor tiene 100 o 200 asuntos”, expresó.

Y añadió “en resumen lo que planteamos es incrementar las sanciones de 2 a 5 años, modificar las 4 fracciones; incorporar 5 supuestos, y aspirar a quién entre a nuestra entidad, asuma, se acredite como abogado haga su papel con apego a los principios éticos, morales y jurídicos”.

Martínez Vargas reconoció que actualmente existe una tipificación en la materia, pero las causales y supuesto son limitados.

Lamentó que es recurrente escuchar que las familias de personas presas buscan cantidades altas para entregar y que su ser querido salga de prisión, desde pagar un peritaje o una gratificación a un juez o magistrado.

Esta situación, lamentó, provoca que la ciudadanía recurra a endeudarse y, en varios casos, recurrir a préstamos fuera de la ley, como el gota a gota, con el que comprometen su patrimonio.

“Y resultado que el peritaje nunca se entregó; que el dinero para un juez o un magistrado o magistrada jamás fue cierto; y que hubo elementos graves, quizá por desconocimiento, por error o mala fe, o de manera dolosa, que dejaron en estado de indefensión a quien deberían defender”, indicó.

Además, indicó que se le suma casos donde los abogados no abonan a una debida defensa jurídica de la persona presa, que van desde que no se presenten a las audiencias o quienes dejan pasar plazos como el interponer el recurso de revisión.

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