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El Poder Legislativo recibió la iniciativa Ley de Integridad Pública del Estado de México y Municipios, que viene a reforzar la aplicación de Ley de Responsabilidades Administrativas y el Código Pena.
Presentan propuesta de Ley de Integridad Pública integrada con el Sistema Anticorrupción
La propuesta la integró el diputado local, Gerardo Pliego Santana, y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
La propuesta normativa reconoce como instrumentos de integridad a los programas Institucionales de Integridad, los mapas de riesgos de integridad, los
códigos de ética y de conducta aplicados, las declaraciones de integridad, la capacitación obligatoria en integridad y los mecanismos de evaluación y mejora continua.
La iniciativa complementa la Ley de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal
Pliego Santana explicó que con la Ley de Integridad del Estado de México y Municipios se concibe como una
ley marco complementaria, que no sustituye ni invade las competencias previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas ni el Código Penal.
Y es que la misma hace la incorporación normativa de las Reglas de Integridad; la sistematización de los principios que rigen el servicio público; y el establecimiento de programas de integridad y de control interno obligatorios.
También la gestión de conflictos de interés; reforzamiento de deberes de dirección en los entes públicos; instrumentos de integridad.
Y se articula de manera directa con el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, permitiendo que las políticas públicas de prevención se traduzcan en obligaciones jurídicas exigibles.
Por ello, el parlamentario indicó que los efectos que se esperan con la propuesta son: elevar los estándares de conducta ética e integra en el servicio público; y reducir la incidencia de faltas administrativas y delitos.
Así como fortalecer la confianza ciudadana; homologar prácticas de integridad y control interno en los 125 municipios; y consolidar el enfoque preventivo como primer eslabón del sistema anticorrupción.
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