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En el Estado de México, el 86 por ciento de las mujeres privadas de la libertad son madres, señalaron investigadores universitarios adscritos a la Catedra de Investigación Infancias con referentes de Crianza en Prisión, durante la presentación del Protocolo para la prevención de atención de la no discriminación y a una vida libre de violencia integridad personal, como derechos fundamentales de la niñez con referentes de crianza en prisión en el Estado de México.
86 por ciento de las mujeres privadas de la libertad son madres, señalaron investigadores universitarios
Los encargados de presentar el documentos fueron: Itzel Arriaga Hurtado, Tania Edith Reyes García y José Benjamín Bernal Suarez, académicos de la Facultad de Derecho de la UAEMéx, quienes forman parte de la Catedra de Investigación mencionada, iniciativa de trabajo conjunto entre el Poder Judicial y la autónoma mexiquense a la que se han sumado representantes de secretarías diversas de Gobierno del Estado de México y algunas asociaciones civiles.
En su participación, Tania Edith Reyes García reconoció que la vulnerabilidad estructural de infancias con referentes de crianza en prisión genera discriminación, prejuicios, estigmatización, desigualdad y violencia. Asimismo, indicó que en México el 67 por ciento de las mujeres privadas de la libertad tienen hijas o hijos menores de 18 años, mientras que el porcentaje de hombres en la misma condición es de 60 por ciento.
Primer sitio a nivel nacional con el mayor índice de población privada de la libertad
En el caso de la entidad mexiquense, la académica indicó que, en 2022, se registraron 13 mil 712 personas privadas de la libertad, lo que representó el primer sitio a nivel nacional con el mayor índice de población privada de la libertad.
De igual manera indicó que el 86 por ciento de las mujeres encarceladas en el Estado de México son madres, “cuenta con 34 mil 92 personas privadas de la libertad, de las cuales, 20 mil 308 manifestaron tener hijos menores de 18 años, a pesar de esto falta, o existen muchas áreas de oportunidad para poder llegar a la protección de estas infancias con referencias de crianza en prisión”.
Por su parte, la investigadora Itzel Arriaga Hurtado, detalló que el protocolo busca guiar la actuación interinstitucional gubernamental desde una perspectiva de infancia y de adolescencia, para proteger los derechos fundamentales de la niñez en el Estado de México.
El Protocolo presentado es un instrumento dirigido a la función pública para materializar, a través de sus actuaciones el cumplimiento de la protección del interés superior de las infancias, su derecho de prioridad, el derecho a la no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia e integridad personal como derechos fundamentales.
La propuesta académica considera la creación de un Comité Interinstitucional qué será presidido por el titular del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México entre sus funciones se menciona la protección del interés de la niñez como base de todos los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes con referencia de crianza en prisión, a fin de evitar todo tipo de discriminación y violencia; generar una base de datos de niñez con referentes de crianza en prisión, que será actualizada en forma permanente por cada una de las instituciones del comité; dar seguimiento del cumplimiento del protocolo, y ante cualquier acto que lo infrinja, se pondrá en conocimiento de la autoridad competente para los efectos conducentes.
También se subraya la participación de niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones en la defensa de sus derechos; evaluar semestralmente las acciones realizadas por las situaciones que integran el comité; presentar, ante el titular ante la o el titular del ejecutivo del Estado de México, un informe anual respecto a la existencia o no de hechos que constituyen discriminación o violencia hacia la niñez, que viva al interior de los centros penitenciarios o fuera de ellos, entre otras.
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