Public Compliance, de corazón no por obligación

El novedoso proceso de gestión de calidad public compliance o mejor dicho “cumplimiento público”, son políticas, procesos y controles internos necesarios para cumplir con la ley, desafortunadamente tenemos leyes para todo menos la de la palabra, por eso cobra un papel fundamental en la rendición de cuentas públicas y el combate a la corrupción, en el México de Claudia Sheinbaum sus múltiples reformas buscan una sana relación empresa gobierno, eliminar práctica abusivas y negligentes de entre muchos los monopolios farmacéuticos, evasión fiscal y prácticas corruptas enquistadas, se trata de “jugar limpio” en los negocios, es decir, conducirse con ética y transparencia.

Son temas recurrentes de cómo se permitió que las empresas entregaran información falsa a la hora de hacer el proceso de licitación, que concurran a los procesos los mismos socios con distintas empresas, sin un solo trabajador afiliado al IMSS consigan contratos multimillonarios o, en el caso de medicinas, que su objeto social no tiene que ver con farmacéutico sino que son inmobiliarias, son empresas que venden combustibles o simplemente son el último eslabón de una larga lista de comercializadoras del fabricantes.

La Ley de Responsabilidades Administrativas contempla la obligación del gobierno de vigilar que en su relación con empresas, ambos cuenten con una política de integridad sólida, estructura organizacional clara, código de conducta, sistemas eficaces de control y auditoría, canales de denuncia, procedimientos disciplinarios, capacitación continua, procesos de reclutamiento responsables, transparencia en la gestión, que evite conflictos de interés y fomente la confianza ciudadana, en resumen la pura neta es portarse bien sin trampas.

En México, donde la corrupción constituye un grave problema con hartazgo ciudadano, se buscan medidas que funcionan en el ámbito privado para su prevención en lo público, por eso la última reforma a la Ley de Responsabilidades contempla al Compliance Officer, una figura encargada de garantizar que los procesos organizativos, así como los empresariales e institucionales, cumplan con los requisitos legales, políticas de la organización y reglamentos, con la ética como brújula.

Los contralores internos de empresas comparten esos objetivos en común con los contralores del sector gubernamental, facultados además para aplicar la Ley de Responsabilidades, son los auténticos “Oficiales de Ética y Cumplimiento”, dedicado a desarrollar, gestionar y vigilar el programa de integridad para la construcción de un México más honesto y próspero, donde la integridad no solo sea un valor ético, sino también una práctica cotidiana y un factor de competitividad para las organizaciones.

Hay que cumplir con las leyes no por obligación, si no de corazón y chin chin el que se raje y no cumpla.

PAT

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