Quintana Roo: la gasolina más cara de México

 En el corazón del motor turístico del país, Quintana Roo, se genera una anomalía económica que afecta directamente el bolsillo de ciudadanos y transportistas: el estado tiene los precios de gasolina más altos de todo el territorio nacional. Lo que inicialmente se atribuyó a desafíos logísticos, hoy es analizado por expertos como un fenómeno de concentración de mercado que requiere la atención urgente de las autoridades reguladoras.

La gasolina más cara de México

Mientras que el promedio nacional busca estabilizarse, en Quintana Roo el precio por litro de gasolina Magna ronda los 24.60 pesos, un contraste marcado frente a los 23.80 pesos que se pagan en el estado vecino de Yucatán. Esta diferencia de casi un peso por litro ha encendido las alarmas, pues la explicación técnica tradicional —el costo de transporte por carretera desde las terminales de Progreso— no justifica el sobreprecio.

Esta asimetría de precios se traduce en un “impuesto oculto” que asfixia el poder adquisitivo de los hogares y la competitividad de las empresas locales. Considerando que el estado desplaza un volumen de 110 millones de litros mensuales, esta diferencia representa una fuga de recursos de casi 88 millones de pesos al mes; dinero que, en lugar de fortalecer la economía familiar, se extrae del bolsillo de los ciudadanos.

En la última década, los pequeños propietarios de gasolineras se han visto obligados a vender o rentar sus estaciones ante la imposibilidad de cumplir con las complejas normativas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la ASEA, lo que ha derivado en una concentración del mercado en manos de un grupo empresarial que tiene la capacidad de controlar los precios.

La preocupación por este “monopolio de facto” ya escaló a los niveles más altos del gobierno federal. En junio de 2024, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se denunció formalmente que un grupo dominante controla la oferta de combustible en la entidad, inhibiendo la libre competencia y manteniendo precios elevados de manera artificial.

Política energética de la nueva administración

Ante este escenario, actores del sector energético señalan que es fundamental que la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, y la presidenta Claudia Sheinbaum mantengan la vigilancia sobre este mercado. La política energética de la nueva administración, enfocada en la soberanía y la protección del consumidor, enfrenta en Quintana Roo una prueba de fuego para demostrar que la regulación puede corregir las distorsiones que favorecen a los grandes agentes económicos sobre el bienestar social.

El análisis sugiere que no basta con la vigilancia de precios; se requiere una política de certeza jurídica y reglas claras que aseguren piso parejo para todos los competidores. La falta de infraestructura de almacenamiento directa en el estado y la dependencia de fletes terrestres son vulnerabilidades que los grupos dominantes han capitalizado para consolidar su poder de mercado, afectando a millones de ciudadanos que pagan mucho más de lo que marcaría el mercado.

Para los analistas, el reto de la administración actual será equilibrar la exigencia regulatoria con incentivos que eviten que el mercado gasolinero de Quintana Roo siga concentrándose, garantizando que el beneficio de la estabilidad energética llegue realmente a los habitantes del estado más dinámico del sureste mexicano.

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TAR