Aunque la Constitución ya reconoce mayores derechos para los pueblos originarios, en el Estado de México ese avance aún no se refleja plenamente en la práctica, pues las comunidades indígenas siguen enfrentando largos procesos para obtener el reconocimiento oficial, acceso a recursos públicos y ejercer su autonomía, advirtió el investigador Felipe Gabino Macedo.
Problemas en el reconocimiento de pueblos originarios en Edomex
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), quien actualmente desarrolla una investigación sobre la representación política de los pueblos originarios, explicó que uno de los principales problemas es que el reconocimiento otorgado por el gobierno federal no tiene validez automática para el gobierno estatal.
Como ejemplo citó el caso de la comunidad nahua de San Juan Acatitlán, en el municipio de Luvianos, que ya fue reconocida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Gracias a ello, en 2025 recibió por primera vez recursos federales directos para obras comunitarias, con los que realizó 34 proyectos decididos por los propios habitantes en asamblea.
Sin embargo, señaló que la llegada de esos recursos también despertó el interés de autoridades municipales por influir en la elección del comité encargado de administrarlos.
Aun así, dijo, la comunidad eligió a sus representantes mediante sus propios mecanismos de organización.
Edomex tardó en adecuar su legislación
Macedo explicó que la reforma al artículo 2 de la Constitución federal, aprobada en 2024, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y garantiza su derecho a decidir sobre sus formas de organización y el manejo de recursos.
El problema, dijo, es que el Estado de México tardó en adecuar su legislación y el proceso de consulta con las comunidades dejó inconformes a muchos participantes.
Recordó que durante las asambleas organizadas para discutir la reforma estatal hubo poca asistencia, comunidades que ni siquiera fueron convocadas y reclamos porque varias propuestas no fueron tomadas en cuenta.
Además, explicó que muchas comunidades reconocidas por el gobierno federal siguen sin aparecer en el padrón estatal del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (Cedipiem), lo que les impide acceder a programas y apoyos del gobierno mexiquense.
Pueblos originarios primero deben obtener reconocimiento federal
El investigador consideró que municipios donde actualmente buscan el reconocimiento como pueblos originarios, como el de Santa Catarina, en el municipio de Acolman, recorrerán un camino similar, en el que primero deberán obtener el reconocimiento federal y después insistir para que el gobierno estatal les otorgue el mismo estatus.
Añadió que el mayor desafío es evitar que los derechos reconocidos en las leyes se queden solo en el papel.
“Se necesitan presupuestos, programas y voluntad política para que las comunidades puedan ejercer realmente su autonomía y decidir sobre su propio desarrollo”, concluyó.
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MPH

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