La reforma laboral que busca reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas quedó sin avance en el Congreso, su retraso puede impactar directamente en la logística de su implementación luego de que se preveía que el dictamen fuera entregado el 20 de noviembre, ahora la iniciativa podría ser enviada antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.
Aplazamiento a reforma de jornada laboral puede complicar su aplicación: especialista
Este escenario podría trasladar la discusión hasta febrero de 2026, cuando inicie el siguiente periodo legislativo. Para esas fechas, el Congreso tendrá el compromiso de la Reforma Electoral y la propuesta para adelantar la revocación de mandato. También se había anticipado que la reducción de jornada, en caso de aprobarse, se aplicaría de manera gradual hasta 2030.
En ese sentido el investigador laboral, Esteban Vargas Molina, explicó que el retraso tiene efectos directos en la ruta legislativa y en la planificación institucional.
“El principal impacto es que la discusión corre el riesgo de aplazarse hasta una Legislatura con agenda distinta. Si la iniciativa llega al final del periodo, es probable que no se complete el proceso de dictaminación y tenga que reagendarse para 2026”, señaló.
Indicó que los cambios constitucionales requieren tiempos específicos que difícilmente se acotan en las últimas semanas de sesiones.
“Los procesos de consulta y análisis técnico no se pueden condensar sin consenso político. Si la reforma se mueve a febrero, su calendario competirá con temas prioritarios y eso puede postergar aún más su votación”, apuntó.
Aplicación gradual
Sobre la aplicación gradual prevista hasta 2030, comentó que no puede definirse sin un marco legal aprobado.
“Los sectores productivos no pueden proyectar contratación, turnos o costos laborales sin reglas definidas. Un retraso prolongado mantiene en pausa decisiones operativas y deja sin certidumbre a trabajadores y empleadores”, mencionó.
Añadió que los periodos de transición legislativa suelen modificar los equilibrios internos.
“Si la reforma se discute hasta 2026, la nueva correlación de fuerzas puede proponer ajustes al contenido. Eso significa que el dictamen podría no ser idéntico al que se esperaba aprobar este año”, concluyó.
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