Reelección legislativa ¿para servir o vivir del presupuesto?

En días pasados trascendió que 471 personas, de las que actualmente ocupan las 500 diputaciones federales, buscarán la reelección consecutiva en su cargo (más de 94 por ciento). Aunque es un derecho que consagra la constitución desde 2014, vale la pena reflexionar si nuestra clase política en la Cámara baja tiene motivaciones reales de servicio o si se trata de un modus vivendi, para seguir viviendo del presupuesto y “no vivir en el error» (“El Tlacuache” César Garizurieta dixit).

Dentro de ese grupo de 500 diputaciones federales, hay 65 que son ocupadas por mexiquenses. De este subtotal, 58 buscarán la reelección consecutiva (89 por ciento). Esta parece ser una tendencia casi natural, aunque todo indica que la vocación de servicio es lo menos importante. Esta dinámica reeleccionista es también una consecuencia de la pérdida de espacios políticos para una parte de la clase política priista, que ha visto disminuir sus oportunidades de trabajo en el Estado de México, especialmente después de su descalabro en la gubernatura.

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Este es un fenómeno presente en todos los partidos políticos. No puede focalizarse en alguno de ellos, lo cual quiere decir que el poder es adictivo por varias razones. Primero, porque hace que algunos individuos desconocidos se conviertan de un momento a otro en alguien importante, que después no quieren regresar a su condición anterior; segundo, porque muchos acceden a un nivel de vida que antes no tenían; tercero, porque sus ingresos aumentan de manera significativa y no quieren perderlos; y cuarto, porque se hacen adictos al dinero y al poder. Todo eso hace que la mayoría quiera reelegirse.

Tener una diputación significa acceso a una dieta elevada, gastos de gestoría social y de representación, vehículos, teléfonos celulares, asesores, chofer y personal de apoyo, entre otras prestaciones. Como han revelado algunos estudios comparativos, los ingresos de un representante popular son mucho más altos en México que en la mayoría de los países latinoamericanos. Son muy parecidos a los de los países desarrollados. Esto no es ningún motivo de orgullo, porque su desempeño legislativo es, en general, muy mediocre.

La Cámara de Diputados sesiona poco. Solo tiene dos periodos ordinarios anuales de trabajo legislativo en el pleno: del 15 de febrero al 30 de abril y del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Por lo general sólo sesionan martes y jueves (en promedio menos de 60 veces al año) casi siempre con ausentismo y retrasos al iniciar. Rara vez se extiende el calendario por periodos extraordinarios. El resto del tiempo solo hay trabajo en comisiones. En ellas se trabaja con la misma dinámica del pleno: ausentismo e impuntualidad, lo cual se debe a que quienes ocupan las diputaciones hacen relaciones públicas o deporte matutino: asisten a desayunos, al gimnasio o al parque; otros duermen o pasean.

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Para muchos, tener ese cargo significa acceder a diversos privilegios que no están dispuestos a perder. Por eso se empeñan en la reelección legislativa. Todo el país, pero especialmente el Estado de México, tiene una clase política acostumbrada a lucrar con las diputaciones de varias formas: se promocionan con los gastos de gestoría social, trafican con influencias, ejercen nepotismo al colocar a familiares en cargos públicos y trabajan una agenda política personal ¿Hasta cuándo dejarán de vivir del presupuesto para convertirse en representantes populares con vocación de servicio?