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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que durante la madrugada del 12 de febrero cumplimentó un mandato judicial para restituir la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul en Tula de Allende, Hidalgo, operativo que derivó en 33 personas detenidas, según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Restituye FGJEM planta de Cruz Azul en Tula; hay 33 detenidos, informa Hidalgo
De acuerdo con la autoridad hidalguense, 31 de los asegurados son investigados por desobediencia y resistencia de particulares, mientras que dos más fueron puestos a disposición por portación de armas de fuego calibre 38. Todos fueron inscritos en el Registro Nacional de Detenciones. La procuraduría estatal precisó que no se reportan personas fallecidas ni desaparecidas.
El operativo obedeció a la orden de un juez de control del Estado de México, en el marco de una diligencia de restitución promovida por la dirigencia del la Cooperativa Cruz Azul, encabezada por Víctor Manuel Velázquez. La policía de Hidalgo acudió, según su versión desarmada, con el objetivo de resguardar a la población civil ante los antecedentes de violencia vinculados con esa planta.
La Fiscalía mexiquense no había detallado hasta la tarde el saldo total de la intervención; sin embargo, la dirigencia de la cementera confirmó que la diligencia se ejecutó “exitosamente” y que el complejo industrial quedó bajo su control.
Por su parte, Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, sostuvo que la recuperación pone fin a un periodo de más de cinco años en el que, afirmó, las instalaciones permanecieron “secuestradas”. Señaló que los responsables “ya están rindiendo cuentas ante la justicia” y llamó a reconstruir la paz social en la región.
Intervención
El directivo explicó que la intervención de las autoridades mexiquenses en territorio hidalguense se sustentó en que la cooperativa tiene personalidad jurídica en el Estado de México y en que, según denunció, desde 2021 el grupo que ocupaba la planta comercializó cemento con la marca Cruz Azul en territorio mexiquense y en otras entidades, mediante empresas fachada.
“Empezaron a comercializar cemento falso en el Estado de México, utilizando nuestra personalidad jurídica”, afirmó. Esa situación, dijo, dio origen a denuncias formales y permitió solicitar medidas ante un juez mexiquense, quien ordenó la restitución del inmueble.
Velázquez negó que existan reportes de personas lesionadas por disparos y aseguró que, tras consultar hospitales regionales, no se registraron ingresos relacionados con los hechos. Añadió que la policía estatal actuó para garantizar el cumplimiento del mandato judicial.
La recuperación de la planta tiene implicaciones económicas relevantes. Antes del conflicto interno, el complejo generaba más de tres mil empleos directos y aproximadamente 13 mil indirectos. De acuerdo con el dirigente, más de dos mil 500 trabajadores fueron desplazados cuando el grupo encabezado por Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente de la cooperativa, tomó el control de las instalaciones.
El presidente del Consejo de Administración afirmó que la cooperativa ha cubierto salarios de esos trabajadores durante más de cuatro años y que ahora buscarán reactivar la producción, proceso que reconoció será gradual, en parte porque la planta carecía de suministro eléctrico tras acreditarse ante la Comisión Federal de Electricidad la personalidad jurídica de la administración actual.
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PAT
