Acompañado por diputadas y diputados federales de Morena, PVEM y PT, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, presentó en la Cámara de Diputados Federal una propuesta para modificar la Ley de Coordinación Fiscal y, en paralelo, las reglas de operación de programas federales a fin de permitir que los ayuntamientos destinen una parte de los recursos al mantenimiento de infraestructura urbana, como pavimento, drenaje, agua potable y alumbrado, y no sólo a obra nueva.
Ricardo Moreno Bastida impulsa reforma para que municipios usen fondos en mantenimiento de calles y servicios
El alcalde expuso que la Ley de Coordinación Fiscal ya abre la puerta a destinar fondos federales a mantenimiento, pero las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), el principal fondo municipal después de las participaciones, cierran esa posibilidad. “No vengo a pedir más dinero; vengo a pedir que nos dejen usar el que ya existe para conservar calles y redes que hoy están agotadas por las lluvias y los años”, dijo. En el caso de Toluca, el FAISMUN equivale a cerca de 800, 900 millones de pesos, alrededor de 15% de los ingresos municipales.
Moreno Bastida planteó que la urgencia es nacional: “no tiene sentido crecer la red urbana si la existente está deteriorada”. Para ilustrar la escala del rezago, precisó que el municipio administra tres mil 475 kilómetros de vialidades, “una distancia equiparable a un trazo entre Ciudad de México y Ontario, Canadá”, frente a 15 kilómetros de red federal dentro del territorio toluqueño. Con ese mapa, insistió en que la Secretaría de Hacienda debe flexibilizar las reglas de operación para permitir la mezcla de recursos federales, estatales y municipales en conservación.
El edil adelantó que ya conversa el tema con las asociaciones de municipios. Como coordinador estatal de la Asociación de Autoridades Locales de México AC (AALMAC), lo llevará a la agenda nacional de esa organización y lo ha compartido con la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales; sostuvo que también buscará a la otra agrupación de alcaldes para empujar una postura común ante Hacienda, gobernadoras y gobernadores, y la Presidencia de la República. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, ofreció su respaldo, afirmó.
En cuanto a la situación local, Moreno señaló que Toluca enfrenta baches y drenajes colapsados, por lo que el ayuntamiento ya contrata un estudio con drones para medir el deterioro de las carpetas asfálticas y definir, tramo por tramo, si procede bacheo o repavimentación, y si es necesario intervenir base y subbase. El diagnóstico estará listo en enero y servirá para ordenar el gasto y, llegado el momento, solicitar apoyos adicionales con sustento técnico.
El mexiquense aseguró que la estrategia de seguridad comienza a ofrecer resultados. De enero a septiembre, dijo, los delitos de alto impacto bajan 25.72%; el robo de vehículo cae 53% respecto al registro del año anterior y Toluca registra tasas mínimas en 15 años para ese ilícito. Atribuyó el descenso a acciones focalizadas “sin disparar un solo balazo”, con recuperación del espacio público y desarticulación de bandas, lo que repercute, afirmó, en reducciones de homicidio doloso de entre 33% y 34%.
Dijo que la mejora en servicios y seguridad se refleja en ingresos municipales: 20% más que el año pasado; una recaudación predial cercana a 70% del padrón y cobro de más de 60% de cuentas de agua.
“Hay confianza: cuando la gente ve que su pago se traduce en obra y servicios, acude a las cajas”, sostuvo. Aun así, estimó que el rezago integral en vialidades demandaría 15 mil millones de pesos, equivalente a tres presupuestos anuales del municipio, por lo que resulta inviable sin reorientar reglas y priorizar mantenimiento.
Cuestionado por medios sobre control y transparencia en obra pública, Moreno afirmó que todas las adjudicaciones en Toluca se realizan vía licitación pública nacional, sin invitaciones restringidas ni asignaciones directas, y que ninguna ha sido impugnada. Añadió que el gobierno local invita a testigos sociales y delegados municipales a los procesos de licitación para conocer participantes, contratos y calendarios.
“Me someto a cualquier auditoría”, dijo. Subrayó que los regidores no intervienen en la ejecución administrativa; su función es de vigilancia.
Fortalecimiento del programa de pavimentación
Sobre el alcance de la reforma, explicó que existen dos rutas: cambiar la ley para establecer una obligación explícita de permitir mantenimiento con recursos federales, o ordenar a Hacienda que modifique reglas y lineamientos de los fondos. Cualquiera de las dos, indicó, no implica mayor gasto federal, pero sí un alto impacto social al frenar el deterioro de calles, tuberías y luminarias.
El alcalde adelantó que en diciembre licitará un modelo que permitiría a Toluca contar con “el asfalto más barato del país” y que, además, el ayuntamiento explora aprovechar residuos para fortalecer su programa de pavimentación.
“En marzo o abril presentaremos el plan más ambicioso de bacheo y reencarpetamiento en la historia del municipio”, aseguró.
Moreno Bastida cerró con un llamado a la prensa para posicionar la discusión más allá de la anécdota del bache: “hoy buscamos la herramienta jurídica para darle mantenimiento a lo que ya existe”.
Recalcó que la propuesta beneficia a alcaldías de cualquier signo y que, en términos prácticos, atender baches, drenajes y agua potable reduce pérdidas económicas, mejora la movilidad y evita que la infraestructura “se nos venga abajo” con cada temporada de lluvias.
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