Robo de gas y tarifas insuficientes castigan al empleo y el consumo; peligran 200 mil empleos

Robo de gas y tarifas insuficientes castigan al empleo y el consumo; peligran 200 mil empleos

La falta de actualización del coste de distribución afecta a la industria que requiere de traslados a domicilio y de operarios calificados que enfrentan desigualdad de oferta con los huachigaseros.

Antonio Bautista
Abril 8, 2025

El robo de gas LP por medio de tomas clandestinas, conocido como huachigas, pone en riesgo a una industria establecida que genera 200 mil empleos directos y que ahora sufre una significativa pérdida de puestos de trabajo, debido a una tarifa de distribución insuficiente.

Integrantes del sector gasero del país explicaron que la industria de este combustible atiende a más de 100 millones de consumidores y opera bajo condiciones complejas. Detallaron que México ocupa el octavo lugar de mayor consumo de gas LP en el mundo.

Gas LP debe entregarse directamente al domicilio

A diferencia de las gasolineras, donde los usuarios se trasladan a cargar combustible directamente a las estaciones, el gas LP debe entregarse directamente al domicilio de empresas y público en general, lo cual implica una red logística de alta precisión y seguridad, subrayaron. 

Explicaron que la distribución de casa en casa requiere una gran inversión y gastos de operación en más de 32 mil vehículos de reparto que cada mes recorren 60 millones de kilómetros para mantener el abasto en hogares e industria del país.

El gasto de operación considera sueldos de choferes y ayudantes especializados en el manejo del gas LP, así como el mantenimiento de autotanques, de tanques de almacenamiento, válvulas de seguridad, mangueras y equipo de medición, entre otros.

La infraestructura de la industria del gas LP incluye mil 113 plantas de distribución y 3 mil 600 estaciones, desde donde parte el servicio que abastece a 100 millones de familias en las diferentes entidades del país.

Peligran empleos e infraestructura por huachigaseros

Sin embargo, alertaron que, pese a esta carga operativa, la tarifa de distribución autorizada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Secretaría de Energía (Sener) se ha mantenido durante más de seis meses por debajo del punto de equilibrio.

Tanto la Sener como la CNE son las responsables de la política energética y definen el previo de ventas de Pemex y los precios de venta al público. La diferencia entre ambos es la tarifa de distribución del gas LP.

Con esta tarifa se debe cubrir el Capex (gastos de inversión) y el Opex (gastos operativos), es decir, todas las inversiones y pagos de nómina y distribución.

Advirtieron que, durante este tiempo, la tarifa de distribución no asigna recursos suficientes para invertir en la infraestructura mínima necesaria para garantizar el empleo y la seguridad de los trabajadores y de los consumidores finales.

Enfatizaron que es urgente revisar y corregir esta situación que ya produjo afectaciones visibles en el sector gasero.

Detallaron que, en febrero pasado, se perdieron más de 200 mil empleos formales en México, y en el rubro del gas LP, por una tarifa de distribución insuficiente, ya se han perdido miles de empleos formales en todo el país.

Esta situación ha dejado sin ingreso ni protección social a miles de familias que dependían de esta actividad formal para subsistir, afirmaron.

Robo de combustible aumenta la inseguridad

Además de enfrentar una tarifa desactualizada, el panorama laboral de la industria del gas se agrava, al encarar la amenaza creciente del comercio ilegal de este combustible, que ofrece precios muy bajos con los que los distribuidores legales no pueden competir en el mercado.

Denunciaron que, en la última década, redes criminales dedicadas al huachigas avanzan en zonas que antes eran atendidas por empresas legalmente constituidas.

Este fenómeno no solo es una competencia desleal, sino que la perforación y robo de combustible en los ductos de Pemex y sus refinerías ocasionan pérdidas económicas por 20 mil millones de pesos al año.

Esta realidad no solo violenta el Estado de derecho, señalaron, sino que incrementa la inseguridad ante amenazas, extorsión, secuestros, robo y clonación de equipos de reparto, cierre y control ilícito de rutas de distribución que quedan en manos de grupos delictivos.

Los integrantes de esta industria insistieron en que la seguridad de los trabajadores y de los consumidores debe siempre estar en primera prioridad, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades para atender esta situación.

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MPH

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