SCJN ordena la reforma del Código Penal en Yucatán para despenalizar el aborto
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico el 21 de agosto, instruyendo al Congreso de Yucatán a reformar el Código Penal del estado para despenalizar el aborto voluntario. La decisión, adoptada por una mayoría de cuatro votos, concede un amparo a Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Salud Reproductiva (SHSSR) A.C., organización que impugnó las disposiciones legales que criminalizan el aborto en la entidad.
SCJN emitió un fallo histórico el 21 de agosto para despenalizar el aborto voluntario.
La demanda, presentada en 2021 con el respaldo de las organizaciones UNASSE A.C. y AbortistasMx, argumentaba que las leyes penales actuales impiden a SHSSR llevar a cabo su misión de ofrecer servicios de salud reproductiva sin el riesgo de ser perseguidos legalmente. En su resolución, la SCJN determinó que las normas que penalizan el aborto vulneran el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su vida reproductiva, un derecho que está intrínsecamente vinculado al derecho a la salud.
Modificar las leyes estatales
El fallo de la Corte se fundamenta en precedentes de otras entidades y en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, en la que se estableció que criminalizar el aborto constituye una violación a los derechos humanos. Con esta resolución, la SCJN obliga al Congreso de Yucatán a modificar las leyes estatales para eliminar las sanciones penales contra quienes opten por interrumpir voluntariamente su embarazo.
Aunque la reforma legislativa aún debe ser aprobada por el Congreso local, la sentencia de la SCJN tiene efectos inmediatos en los Servicios de Salud de Yucatán, que ahora están obligados a ofrecer la opción del aborto voluntario. Este fallo representa un avance significativo en la protección de los derechos reproductivos en México y establece un precedente importante para otros estados que aún penalizan el aborto.
La decisión de la SCJN es vista como un paso clave para garantizar que las personas con capacidad de gestar en Yucatán puedan ejercer sus derechos de manera segura y legal, sin enfrentar el riesgo de ser criminalizadas por sus decisiones sobre su cuerpo y su salud.
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