Con la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador ( 2018-2024) en materia de seguridad de “abrazos y no balazos” donde las fuerzas armadas de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal en muchos estados del país pasaron a ser meros testigos de cómo el crimen organizado se apoderó de municipios completos y la imposibilidad de hacer algo contra estos grupos, porque la política de gobierno era el no uso de la fuerza, respetar los derechos humanos de los criminales y combatir las causas por las cuales los jóvenes se incorporan a la delincuencia.
Lo anterior solo provocó que tres grandes organizaciones criminales literalmente se repartieran el país, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Familia Michoacana, esto sin mencionar a organizaciones más pequeñas como en Guerrero Los Aradillos o en Guanajuato el Cartel de Santa Rosa.
Ya en marzo del 2021, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), el general Glen VanHerck, estimó que los cárteles del crimen organizado transnacional operan en alrededor de 30 a 35 % del territorio mexicano. “En áreas que son con frecuencia ingobernables”, causando muchos de los problemas que está enfrentando la Unión Americana en la frontera con México.
VanHerck, quien compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado y señaló: “El tráfico de drogas, la migración, el tráfico humano, son síntomas de las organizaciones criminales trasnacionales que están operando con frecuencia en áreas ingobernables, de 30 a 35 %de México, las que están creando algunas de las cosas con las que estamos lidiando en la frontera”.
Con la llegada de la Presidenta Claudia Sheibuam Pardo en octubre del 2024, inmediatamente vino con cambio de estrategia y la misma corre a cargo del secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha señalado que la Estrategia Nacional de Seguridad tres objetivos principales para la construcción de la paz, que son la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y de la extorsión; neutralización de los generadores de violencia y redes criminales y fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales.
Sin embargo, no es suficiente ya que hace unos días se presentó un análisis independiente sobre la presencia del crimen organizado en el país en cual se señaló que el crimen organizado ejerce condiciones de control o “gobernanza efectiva” en alrededor del 30% del territorio nacional, a través del cobro de cuotas, retenes, control de mercados o cooptación de autoridades locales, estimó un análisis independiente sobre la presencia y dominio de grupos delictivos en México.
La radiografía advierte que otro 47 % del país se ubica en entidades donde organizaciones delincuenciales y autoridades mantienen un control compartido o disputado.
En contraste, sólo 23 % del territorio se encuentra en estados con un predominio claro de las instituciones del Estado.
Así de grande es el reto para las instituciones de seguridad pública, por recuperar la anhelada paz social.
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