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El feminicidio de Ana Karen Nute Téllez, una joven de 19 años que desapareció tras abordar una motocicleta solicitada por aplicación y cuyo cuerpo fue localizado días después en Metepec, reavivó el debate sobre la seguridad en los servicios de transporte operados mediante plataformas digitales en México.
Tras feminicidio de Ana Karen, cuestionan seguridad en transporte por aplicación
La noche del 28 de febrero, la joven salió de una reunión en el fraccionamiento Villas del Sauce, en el municipio de San Antonio la Isla. Cerca de las 23:10 horas solicitó un servicio de Uber Moto para regresar a su casa en Metepec. El viaje fue marcado como concluido en la aplicación, pero la joven nunca llegó a su destino.
Cámaras de seguridad captaron el momento en que abordó la motocicleta conducida por el operador registrado en la plataforma. Días después, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío cercano a la carretera Toluca-Tenango. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Daniel “N”, conductor del servicio, como presunto responsable del feminicidio.
El caso provocó indignación social y puso nuevamente bajo cuestionamiento los mecanismos de control y seguridad que aplican las plataformas de transporte privado, que durante años se promovieron como una alternativa más segura frente al taxi tradicional.
El director de Seguridad Pública de Metepec, Jesús Ramírez Manzur, reconoció que la percepción de seguridad que acompañó a estas aplicaciones se ha debilitado tras diversos casos registrados en el país.
“Se ha perdido mucho la tranquilidad, porque ya ha habido varios casos a nivel nacional donde conductores de estas plataformas cometen delitos, tanto robos como agresiones y homicidios”, señaló.
El funcionario consideró que es necesario exigir a las empresas que operan estos servicios reforzar sus filtros y sistemas de verificación para evitar que personas sin controles adecuados ofrezcan el servicio.
Fallas detectadas
Entre las fallas detectadas, Ramírez Manzur señaló que en algunos casos el conductor que realiza el traslado no coincide con la persona registrada en la plataforma.
“Hemos notado que a veces no es el conductor que refiere la aplicación. Hacen uso de un teléfono celular que está dado de alta y se lo prestan a otra persona. Entonces la persona que te recoge no es la que aparece en la aplicación”, explicó.
Otro aspecto que, desde la perspectiva de la autoridad municipal, debería reforzarse es el monitoreo de las rutas durante los traslados. El funcionario sugirió que las plataformas implementen mecanismos automáticos de alerta cuando un viaje se detenga o se desvíe de la ruta prevista.
“Si ya conocen la ruta, cuando el vehículo se desvíe o se detenga más de tres o cuatro minutos deberían generar un alertamiento. Eso permitiría detectar cuando algo irregular está ocurriendo durante el traslado”, indicó.
Ramírez Manzur también planteó la necesidad de incorporar herramientas de emergencia para los usuarios, como botones de pánico dentro de las aplicaciones que permitan alertar de inmediato a familiares o autoridades si se percibe una situación de riesgo.
De acuerdo con el funcionario, en el caso de Ana Karen la investigación apunta a que el conductor habría realizado una desviación de la ruta durante el trayecto.
“Extraoficialmente sabemos que hubo un desvío y una parada en un Oxxo. Eso ya se está integrando a la carpeta de investigación con videos que están analizando la Fiscalía y otras autoridades”, comentó.
El crecimiento de los servicios de transporte por aplicación en México ha sido acelerado durante la última década. Plataformas como Uber, DiDi e InDrive concentran millones de viajes diarios en el país y operan bajo el modelo de Empresas de Redes de Transporte, que permite a conductores particulares ofrecer traslados mediante una plataforma digital.
Sin embargo, especialistas en movilidad y seguridad han advertido que el marco regulatorio en varias entidades se ha centrado en aspectos administrativos y fiscales, mientras que los protocolos de verificación de conductores y las medidas de protección para usuarios continúan siendo limitados.
El caso de Ana Karen, ocurrido en el Valle de Toluca, volvió a colocar en el centro del debate la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión de estas plataformas y establecer mayores controles para prevenir delitos durante los traslados solicitados mediante aplicaciones.
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