Semov niega ampliación de concesión en Viaducto Bicentenario
La Secretaría de Movilidad (Semov) calificó de falso que exista ampliación a 30 años más en la temporalidad en la concesión en el Viaducto Bicentenario, y no descartó que el nuevo gobierno federal investigue pertinentemente el tema, porque se busca una nueva era en las concesiones con penalizaciones concretas.
La postura la emitió el titular de la dependencia, Daniel Sibaja González, luego de que se difundió en redes sociales que algunas calificadoras han dado a conocer que la concesión supuestamente concluye en 2068 y no en 2038.
En su postura, aclaró que la administración estatal no ha firmado modificaciones al título de concesión del Viaducto Bicentenario y reiteró que la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez sigue los principios de la Cuarta Transformación (4T) no mentir, no robar y no traicionar.
Hay transparencia en los títulos de concesión
Precisó que los títulos de concesión son públicos y en el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), hay y habrá más transparencia en beneficio de los mexiquenses.
“A pesar de que insistan en calumniar e inventar situaciones, la realidad les ha demostrado que el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez no ha firmado absolutamente nada”, expresó.
Sibaja González reiteró que hay un marco legal que se debe respetar, pero la rendición de cuentas y transparencia será fundamental en esta administración, y se va por una nueva era en el otorgamiento de concesiones.
“Vamos hacia una nueva era de las concesiones, con estándares de desempeño, penalizaciones concretas y mejorar servicios, siempre en beneficio de la gente”, enfatizó.
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Caso Viaducto Bicentenario
Apenas en junio el caso del Viaducto Bicentenario quedó cerrado, luego de que se confirmó el sobreseimiento por el delito de explotación ilegal de esta vía que exoneró a ejecutivos de Aleátiaca y exfuncionarios mexiquenses, misma que emitió un juez adscrito a los Juzgados del Penal de El Altiplano “Almoloya de Juárez”, el 13 de marzo.
El caso fue impulsado por el abogado, Paulo Díez Gargari, quien desde hace 10 años ha ido en contra de la concesión.
Aunque en abril se conoció que la FGR llevaba una investigación en su contra por supuestamente el delito de interrupción de una vía general de comunicación derivado del bloqueo a la misma vía el 30 de septiembre del 2020.
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