Semov regulará a empresas de grúas y corralones, advierte clausuras
El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, dio a conocer que recibieron cerca de 60 expedientes de empresas de grúas y corralones que prestan servicio en el estado, pero solo 2 cumplen lo establecido, por ello, les dieron 180 días para acatar la Ley o serán clausuradas.
Detalló que el gobierno saliente no dejó un padrón para identificar cuántas empresas de este tipo funcionan, pero estimó un aproximado de 90 concesionarias, por lo que tienen una gran tarea por delante.
“Nos dejaron una bomba a nada de explotar, no nos dejaron un padrón, no sabemos cuántas hay, quienes son los dueños, el nombre, no se sabe nada, solo que pueden ser más de 90”.
Sibaja anunció que actualizaron las tarifas de arrastre con un tope máximo cercano a los 3 mil pesos, además las grúas y corralones no podrán pedir efectivo, será obligatorio pago con tarjeta, por lo que deberán tener acceso a una terminal para realizar los cobros.
Habrá limitación geográfica para servicio de grúas
También habrá límites geográficos para evitar arrastres entre municipios distantes porque, al realizarse entre zonas lejanas, “si cometes una infracción no te pueden llevar de Ecatepec a Toluca, hay que limitar geográficamente la aplicación de estas grúas”.
Implementarán una aplicación para registrar las condiciones en que se llevan el automóvil;
“Porque llegaba al corralón y ya te habían robado, con la aplicación se quedará registro y acceso a sus cámaras”.
Explicó que se trata de la aplicación de la norma que se realizó en 2022, para la cual se entabló diálogo con transportistas, legisladores, miembros de la sociedad civil, sector privado por ello, consideró que es legítima de forma legal y social.
“Hay que señalarlo, porque no pueden decir que no se consultó a los concesionarios transportistas, a la sociedad civil, a los expertos jurídicos, es una norma que de inicio no tuvo ninguna crítica”.
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Buscarán terminar con costos excesivos con campaña informativa
Mientras se cumplen los 180 días, habrá una campaña pública para informar a la ciudadanía las tarifas, para que, quienes den el servicio y violen la norma sean clausurados, evitando costos altísimos a la ciudadanía.
“No estamos peleados con las concesionarias o con el sector privado, con ellos podemos detonar grandes cambios, pero de una manera ordenada como lo establece la Ley (…) es una lucha anticorrupción”.
El acuerdo se publicará en la Gaceta de Gobierno estatal, donde se establece la prórroga, así como la regulación y vigilancia de los precios, por lo que convocó a la ciudadanía a conocerlo y denunciar cualquier abuso o cobro indebido.
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DB