Luego de la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, en Iztapalapa, que dejó al menos 13 personas sin vida, el Senado de la República anunció que revisará la legislación que regula la circulación de pipas y tráileres que transportan combustibles y materiales peligrosos en zonas urbanas.
La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Mariela Gutiérrez Escalante, indicó que es necesario actualizar la normatividad, pues actualmente este tipo de unidades circula sin restricciones, lo que representa un riesgo para miles de personas.
“Es momento de obligar a las empresas a cumplir con medidas de seguridad más estrictas y garantizar que las unidades estén en condiciones óptimas”, expuso la legisladora de Morena.
Accidentes de pipas y tráileres doble remolque son recurrentes
En entrevista durante los festejos por el Bicentenario de Tecámac, la senadora mexiquense explicó que los accidentes en los que participan pipas o dobles remolques son recurrentes en carreteras y ciudades del país, y adquieren mayor gravedad cuando transportan gas LP, gasolina o químicos inflamables.
Dijo que los factores más comunes son el exceso de velocidad, la falta de precaución y las fallas mecánicas, los cuales derivan en explosiones, volcaduras o colapsos que ponen en riesgo la vida de los habitantes.
Señaló que de acuerdo con estadísticas oficiales, en la última década alrededor de 50 personas han muerto y casi 200 más han resultado heridas en percances relacionados con pipas de gas en México.
Estas cifras, añadió, aumentan si se consideran los accidentes de unidades que transportan químicos y combustibles en general.
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Gutiérrez Escalante recordó que en 2022 se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con la meta de reducir siniestros y muertes en el tránsito, sin embargo, citó datos de la Organización Panamericana de la Salud que revelan que México mantiene un saldo elevado; en 2016, por ejemplo, más de 16 mil personas perdieron la vida en hechos viales.
“Se requiere un trabajo interdisciplinario entre comisiones y dependencias para impedir que transportes de alto riesgo atraviesen ciudades y poblaciones. Los peligros ya los conocemos y no podemos seguir normalizando tragedias como la ocurrida en Iztapalapa”, apuntó.
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