La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Senado una iniciativa para crear una Ley General que obligue a investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio desde el primer momento, con el fin de cerrar espacios de impunidad.
Sheinbaum impulsa ley para sancionar el feminicidio
“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta”, puntualizó.
El proyecto plantea homologar el delito en todo el país mediante una reforma constitucional que faculte al Congreso a expedir esta legislación, lo que implicará que las entidades ajusten sus marcos normativos.
“La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio. Y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad (…) Y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”, precisó.
La propuesta establece penas de 40 a 70 años de prisión y prevé sanciones para la tentativa, además de multas. Define nueve razones de género para acreditar el delito y fija 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o que el crimen ocurra frente a sus hijos.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó que la ley obligará a todas las fiscalías a aplicar protocolos con perspectiva de género y a investigar de oficio. La acción penal, las sanciones y la reparación del daño serán imprescriptibles.
La propuesta define nueve razones de género y fija 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad
También prevé la pérdida de derechos sucesorios y de la patria potestad para los responsables, así como su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El modelo incluye turnos continuos en ministerios públicos para evitar interrupciones en las indagatorias y la creación de unidades especializadas. Además, prohíbe la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales y garantiza traducción para comunidades indígenas.
La iniciativa incorpora un esquema de atención a víctimas directas e indirectas, con acceso a servicios médicos, apoyo psicológico, asesoría jurídica gratuita y seguridad social para menores en orfandad. También considera la creación de registros nacionales de feminicidios.
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