Síndico de Chapa de Mota denuncia acoso laboral; han falsificado su firma

El Síndico de Chapa de Mota, Antonio García Pérez acusó a las autoridades de esa comuna, encabezados por la presidenta, María Guadalupe Franco Cruz, de obstaculizar su labor de vigilancia y protección del patrimonio municipal, incluso de falsificar su firma en documentos oficiales.

García Pérez aseveró que en Chapa de Mota están frenando su desempeño como Síndico Municipal, en donde han emprendido una campaña de acoso laboral y violaciones a sus derechos, por lo cual ya interpuso al menos 10 demandas ante el Tribunal Electoral del Estado de México, por presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, cometidas por diversas autoridades del Ayuntamiento, entre ellas la propia presidenta Municipal.

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Interpuso al menos 10 demandas ante el Tribunal Electoral

El Síndico afirmó que estas acciones legales no son capricho, ni una confrontación política, son el resultado de una constante negativa y omisiones de entregar información fundamental para el ejercicio adecuado de sus atribuciones como integrante del Cabildo.

“No se me proporcionó información completa, ni oportuna para la aprobación del prepuesto municipal, esto ya fue analizado por el TEEM y resolvió que se vulneraron mis derechos y ordenó la entrega inmediata e integra del presupuesto de ingresos y egresos del municipio”.

García Pérez puntualizó que también existen denuncias relacionadas a la falta de trasparencia, destino de recursos federales y estatales recibidos en enero y febrero, por no entregar copia del presupuesto aprobada por la administración anterior para el ejercicio fiscal 2025, tampoco se le proporcionó la nómina actualizada del Ayuntamiento, pagos por conceptos de finiquitos, laudos y otras obligaciones laborales.

“Mi actuar está respaldado en la ley, en la defensa de principios de máxima publicidad y rendición de cuentas, como Síndico tengo la obligación de vigilar y proteger el patrimonio municipal y eso sólo es posible cuando se cuenta con la información necesaria para ejercer la función con responsabilidad, legalidad y transparencia”.

Antonio García Pérez aseguró que la actitud de la propia alcaldesa y la tesorera municipal no solo es opaca, sino también ilegal, pues se incurre en responsabilidades administrativas e incluso penal al impedir el acceso a información pública y obstaculizar el ejercicio del cargo de un integrante de Cabildo.

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Falsificación de firma

El denunciante reiteró que impedir su labor no únicamente se trata de omisiones, sino de una estrategia sistemática de exclusión e imposición que vulnera principios constitucionales como son la transparencia, rendición de cuentas y el control del poder público.

De igual manera Antonio García Pérez indicó que entre tantas irregularidades, también han falsificado su firma “lamentablemente veo una firma en un documento oficial que se mando ante el OSFEM, ese documento es obligación de la Tesorera enviarlo antes del 7 de mayo, pero también es una obligación darme el informe trimestral para que el Síndico lo revise y lo firme, lo que nunca ocurrió”.

Finalmente, Antonio García Pérez subrayó que es víctima de acoso laboral, de violación a sus derechos, incluso ya le quitaron personal a su cargo, “estoy solo y así es muy difícil desempeñar su labor” concluyo.

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TAR