Sobre el uso de la toga en la Suprema Corte

La elección judicial de 2025 ha marcado un hito en la historia de México, consolidando un sistema de justicia que aspira a ser más cercano al pueblo. Este proceso fundacional, producto de una reforma que estableció el sistema de elección popular de las personas juzgadoras, incluyendo a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos desafía a repensar tradiciones que perpetúan la percepción de un Poder Judicial distante. 

Entre estas tradiciones está el uso de la toga, un símbolo que, desde mi perspectiva no es acorde con el nuevo paradigma de justicia que supone la Reforma Judicial.

La toga, instaurada por un decreto presidencial de 1941 bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho, evoca una justicia solemne, pero también elitista. Su origen romano y su asociación con cortes europeas contrastan con la diversidad cultural de México, un país donde las comunidades indígenas y las realidades populares demandan una justicia que las represente. Durante las campañas, varios candidatos coincidimos en que eliminar su uso obligatorio es un paso hacia una Corte que refleje la pluralidad de la nación, permitiendo a los ministros vestir de manera formal o tradicional.

El tema ha generado cierta controversia e incluso, llevó a senadores de Morena y el Partido Verde a presentar el 11 de junio de 2025, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, eliminando la obligatoriedad de la toga. 

Dicha reforma me parece innecesaria. Por un lado, el decreto de 1941 carece de fuerza vinculante. Desde la reforma constitucional de 1994, la Suprema Corte goza de autonomía para regular sus sesiones, incluyendo la vestimenta, de manera que el uso de la toga entra dentro del ámbito de su facultad de autorregulación.

Aunque el Congreso tiene competencia para legislar sobre el tema, lo ideal sería que la decisión recayera en los ministros recién electos. En ellos recae el mandato de construir una justicia accesible, cercana y son ellos quienes deberían responder a ese mandato en la manera que estimen conveniente.

En mi opinión, eliminar la toga sería un gesto simbólico pero poderoso para lograrlo. No se trata de despreciar la solemnidad, sino de redefinirla en un México plural. La verdadera cercanía con la ciudadanía se construirá con fallos justos, pero también con una Corte que se vea y sienta como parte del pueblo.

El próximo 1 septiembre, cuando la nueva Corte asuma funciones, le corresponderá asumir el liderazgo en la construcción de un nuevo pacto entre la sociedad y sus personas juzgadoras. Deberá establecer un modo de comunicación que responda a esas aspiraciones y tomar las decisiones que le permitan ir afianzando su nuevo lugar en la sociedad mexicana. 

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