Al menos 120 migrantes originarios del Estado de México han sido deportados de Estados Unidos entre enero y mayo de este año, de acuerdo con registros de la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno estatal, y sólo uno a partir de que el presidente Donald Trump ordenó las redadas masivas para localizarlos y deportarlos. Sin embargo, la cifra real debe ser mayor, debido a que menos de 5% de las personas repatriadas acude a alguna instancia oficial para solicitar apoyo, señaló su titular, José Pablo Montemayor Camacho.
El funcionario advirtió que tras un periodo de relativa calma en abril, durante el cual las deportaciones se detuvieron por completo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reactivó en junio las redadas en diversas ciudades estadounidenses, lo que provocó un repunte en la llegada de migrantes mexiquenses expulsados del vecino país.
“Muchos de ellos llegan sin documentos, algunos incluso esposados y sin pertenencias; lo primero que hacen es intentar sobrevivir. No pasan por el módulo de apoyo del gobierno. No se acercan. Es un proceso emocional muy duro”, explicó Montemayor.
“Lo que vemos es que, al llegar, su prioridad es encontrar dónde dormir, qué comer, cómo ganarse la vida. No necesariamente buscan ayuda institucional de inmediato”, señaló.
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Mexiquense deportado por políticas de Estados Unidos
La Coordinación ha identificado que una proporción significativa de los mexiquenses deportados no se identifican como tales ante las autoridades migratorias, lo que también dificulta el rastreo de casos.
El Gobierno del Estado de México estima que radican en Estados Unidos aproximadamente un millón 200 mil mexiquenses de primera generación y alrededor de 3 millones 600 mil si se toma en cuenta a sus descendientes. Las comunidades más grandes se ubican en Los Ángeles, Chicago y Houston, donde el gobierno estatal mantiene oficinas de representación para facilitar trámites como apostillamiento de documentos y traslado de restos de connacionales.
Montemayor destacó que apenas se tiene conocimiento de un caso confirmado de un mexiquense detenido en las redadas masivas que comenzaron este mes en Estados Unidos. “Conozco al menos a 500 familias mexiquenses en Los Ángeles, y que tengamos solo un caso oficial no es congruente. Muchos no dicen de dónde son por temor o desconocimiento”.
Las nuevas medidas migratorias, impulsadas por la administración federal de Estados Unidos, han generado un ambiente de persecución que ha llevado a decenas de familias a suspender sus actividades cotidianas.
“Los testimonios que nos llegan desde Los Ángeles son alarmantes: no están yendo a trabajar, no llevan a sus hijos a la escuela. La estrategia actual viola derechos humanos básicos y contradice las convenciones internacionales en materia de migración”, advirtió el coordinador.
Programa “Esperanza Mexiquense: Reuniendo Familias”
En conjunto con el Consulado General de México en Los Ángeles, a través de su Departamento de Asuntos Comunitarios encabezado por Silvestre Orozco, la representación mexiquense mantiene comunicación constante con los clubes de migrantes. La experiencia acumulada en los últimos años, en particular durante la gestión del expresidente Donald Trump, ha permitido reactivar planes de contingencia, como convenios con el Registro Civil para dotar de documentos oficiales a quienes regresan sin identificación.
“Durante el mandato anterior en EU, implementamos estrategias de apoyo inmediato: desde módulos de impresión de actas de nacimiento en el AIFA hasta orientación jurídica. Muchas de estas herramientas siguen activas porque la necesidad persiste”, puntualizó Montemayor.
El gobierno mexiquense también ha dado continuidad al programa “Esperanza Mexiquense: Reuniendo Familias”, mediante el cual ha logrado reencontrar a cerca de 40 adultos mayores con sus hijos en Estados Unidos, con un próximo viaje programado para septiembre. “Hay un vínculo fuerte con la comunidad migrante, en especial en Los Ángeles. Se mantienen organizados y están atentos a lo que sucede en México”, indicó.
Montemayor aseguró que tanto el gobierno estatal como el federal coinciden en condenar las redadas y detenciones arbitrarias en territorio estadounidense, al considerarlas contrarias a los principios humanitarios. “Respaldamos a nuestros connacionales en la parte humanitaria, como lo ha manifestado también la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.
Frente a las redadas, uno de los principales obstáculos que enfrentan los migrantes detenidos es la imposición de fianzas que oscilan entre 5 y 10 mil dólares, monto que en la mayoría de los casos resulta impagable para quienes viven en situación de vulnerabilidad. “Nos han llegado solicitudes de apoyo desde los consulados. Sabemos que muchos no pueden acceder al derecho a fianza porque simplemente no tienen los medios”, lamentó.
En ese contexto, el gobierno mexiquense se dice dispuesto a brindar apoyo, aunque reconoce los límites legales de su intervención. “Aunque el tema migratorio es competencia de la Federación, nosotros podemos vincular, acompañar y levantar la voz ante situaciones que claramente vulneran los derechos de nuestras comunidades”.
El funcionario confió en que las y los migrantes mexiquenses regresarán a las instituciones en busca de apoyo una vez que logren estabilizarse emocional y económicamente. “Nuestra tarea es estar preparados para cuando eso suceda”.
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