Tala ilegal en el Estado de México: crimen organizado y desafíos ambientales

Especialista forestal explicó que el crimen organizado ha transformado la dinámica de la tala clandestina y que esta actividad tiene afectaciones en el medio ambiente.

Febrero 23, 2025

La tala ilegal en el Estado de México representa un problema multifacético que ha escalado en complejidad debido a la incursión del crimen organizado.

Según Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en 2024 se realizaron más de 700 operativos contra esta actividad, con el decomiso de 294 metros cúbicos de madera y la detención de 21 personas. Sin embargo, especialistas señalan que las acciones actuales son insuficientes ante la magnitud del fenómeno.

Crimen organizado realiza tala clandestina

Yessenia González, especialista forestal con experiencia en el área de Inspección y Vigilancia de Probosque, explicó que el crimen organizado ha transformado la dinámica de la tala clandestina.

“Anteriormente, eran familias que se dedicaban a talar y lo iban heredando, se hacía una especie de mafia familiar, pero no tenía la misma magnitud del crimen organizado, metiéndole dinero, armas.

Cuando íbamos a hacer operativos, aventaban balazos al aire para saber que estaban armados y nosotros como autoridades forestales o incluso con policía municipal, teníamos que salir corriendo”, detalló.

González agregó que la madera ilegal alimenta una cadena de valor que incluye a aserraderos, madererías y sectores como la construcción.

“La madera es mucho dinero porque entra al tema de las inmobiliarias, los productos maderables, ahí es donde se va la tala clandestina, además de que también se exporta”, señaló.

Deforestación afecta al medio ambiente

La deforestación generada por la tala ilegal tiene consecuencias directas en el medio ambiente, según Sebastián Rodríguez, especialista en medio ambiente de la UAM.

“La pérdida acelerada de cobertura forestal no solo impacta la biodiversidad, sino que también reduce la capacidad de los suelos para retener agua, lo que agrava los problemas de sequía y erosión.

Cuando desaparecen los árboles, el suelo pierde su capacidad para filtrar y retener agua, lo que provoca escorrentías más intensas, erosión y una disminución en la recarga de los mantos acuíferos”, indicó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México perdió 127,770 hectáreas de bosque en 2020, cifra superior a las 91,600 registradas entre 2010 y 2015. Hasta 2022, se reportaron 1,310 hectáreas maderables afectadas por tala ilegal en el Estado de México.

Yessenia González apuntó que faltan recursos y coordinación institucional para poder atender la problemática.

“PROFEPA no tiene personal suficiente para abarcar todo lo que es federal y el estado. Anteriormente, había un convenio para que Probosque pudiera hacer esas inspecciones; ahorita, ese convenio no está, por eso también se está disparando la tala clandestina”, afirmó.

Además, subrayó que las sanciones actuales son insuficientes.

“Los operativos son fundamentales, pero cuando se detiene a los taladores, pagan una fianza y quedan fuera. El gobierno necesita meter seguridad nacional porque esto ya es un problema de crimen organizado”, comentó.

Un habitante de Calimaya, que prefirió mantener su identidad en reserva, relató el deterioro en su comunidad

“Yo me dedicaba al campo, tenía mis terrenos. Hay mucha gente que se va a cortar [árboles] y la vende aquí en el pueblo. Hemos ido a hacer unos recorridos los vecinos y ahí luego encontramos las fogatas; se están perdiendo muchos árboles, ni siquiera tiene uno que subir mucho para ver ahí todos los árboles cortados”, comentó.

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Proponen crear Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente

En la LXII Legislatura mexiquense se propuso crear la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente y un Sistema Estatal de Protección Permanente a los Bosques, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. También se planteó homologar el delito de tala clandestina con la legislación federal para ampliar las sanciones.

Cabe destacar que la sanción por el delito de tala era de dos a 10 años de prisión y ahora es de seis a 20 años de prisión; mientras que la multa era de mil a 5 mil Unidades de Medida y Actualización y ahora es de 6 mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización vigente; por lo que González insistió en que se requiere un enfoque integral.

“Se necesita meter a la Guardia Nacional para hacer estos operativos, pero también recurso y personal a todas las áreas que dependen de estas acciones de inspección y vigilancia. Ellos [los taladores] están muy organizados; ya saben con cuánto van a pagar su fianza y ya tienen su ‘guardadito’”, concluyó.