Denuncian tala masiva en zona limítrofe entre Atizapán y Jilotzingo

Habitantes del Condado de Sayavedra, en el municipio de Atizapán, denunciaron la tala masiva de árboles que se está llevando a cabo en la zona de Rancho Blanco, presuntamente para la construcción de nuevas viviendas.

Tala masiva reaviva disputa entre Atizapán y Jilotzingo

De acuerdo con los colonos, al parecer los trabajos habrían sido autorizados por el municipio de Jilotzingo, lo que ha generado incertidumbre sobre la jurisdicción de este territorio.

Norma Ochoa de Fajardo, presidenta de la Asociación de Colonos de Sayavedra, calificó la situación como una “deforestación salvaje”.

Explicó que la zona colinda con Jilotzingo y que, durante muchos años, el área se mantuvo intacta.

Sin embargo, desde julio del año pasado comenzaron las labores de tala, lo que motivó a los vecinos a movilizarse y solicitar la intervención de las autoridades municipales.

En aquella ocasión, los trabajos fueron suspendidos, aunque ninguno de los municipios reconoció oficialmente la pertenencia del predio.

La dirigente vecinal señaló que recientemente las máquinas regresaron y la tala se reanudó, provocando la pérdida de miles de árboles.

“Estamos oyendo las máquinas, siguen matando árboles y no hay nadie a quién acudir, solo trabajadores en el lugar”, expresó con preocupación.

Por su parte, el regidor Carlos Madrazo Limón aseguró que las labores corresponden al municipio de Jilotzingo, ya que en Atizapán “todo está controlado”.

Esta declaración refuerza la percepción de que Rancho Blanco se encuentra en una especie de “limbo territorial”, donde los ejidatarios han actuado sin una regulación clara y con escasa supervisión de las autoridades.

La disputa sobre la delimitación municipal ha generado un vacío administrativo que, según los colonos, está siendo aprovechado para realizar cambios drásticos en el uso de suelo.

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Habitantes de Sayavedra piden frenar devastación ambiental

La tala masiva no solo afecta al equilibrio ecológico de la región, sino que también pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes de Sayavedra, quienes consideran que la zona arbolada es un patrimonio ambiental que debe preservarse.

La comunidad exige una respuesta inmediata de las autoridades, así como la intervención de instancias estatales y federales para frenar la deforestación y garantizar la protección de los recursos naturales.

Mientras tanto, Rancho Blanco continúa siendo un punto de conflicto, donde la falta de claridad en los límites territoriales ha permitido que los intereses particulares prevalezcan sobre la conservación ambiental.

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SPM