Talón de Aquiles

El pasado fin de semana se dio a conocer una nueva sentencia condenatoria en la que está relacionado un ex servidor público del ámbito municipal y específicamente del área de seguridad, todo ello como resultado de la instrumentación del operativo Enjambre.

Aunque no generan el mismo impacto mediático comparado con el momento de la detención, las sentencias que han emitido los jueces en contra de estos exservidores públicos no pueden ser minimizadas y deben ser valoradas en su justa dimensión, porque se trata de romper con una cadena de encubrimiento e impunidad.

El excomisionado de Seguridad Pública en Nicolás Romero, Adrián Mauricio Sánchez fue sentenciado a 40 años de prisión por homicidio; se suma a otras ocho condenas que también recibieron policías de ese municipio.

En total van 17 sentencias condenatorias obtenidas en contra de objetivos prioritarios de la operación Enjambre, que hasta la fecha suma 60 presuntos responsables detenidos.

Las personas involucradas son en su mayor parte, si no es que en su totalidad, servidores públicos del ámbito municipal, ahí está el caso de la expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, que recibió 70 años de prisión por el homicidio del síndico de ese ayuntamiento.

También han recibido sentencia condenatoria el excomisario de seguridad pública de Acambay, Eulises González Hernández; el exsubdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, Omar Leyva Montalvo, entre otros.

La seguridad pública municipal es una fuerza importante, en temas de prevención, combate al delito y también de proximidad social.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 elaborado por el INEGI, al cierre del año 2020 las instituciones de seguridad pública municipal en el país eran de 189 mil 498 servidoras y servidores públicos, de los cuales 78.6% corresponde a hombres y 21.4% a mujeres.

Es importante mencionar que 83 mil 823 elementos, es decir, menos de la mitad, contaban en ese momento (2020) con el Certificado Único Policial, es que el documento que acredita a los policías y oficiales de guardia y custodia del sistema penitenciario como aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública y cuentan con los conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes para desempeñar el cargo.

En el Estado de México la tasa de elementos de la policía preventiva en instituciones de seguridad pública municipales en el Estado de México fue de 126 por cada 100 mil habitantes, ligeramente arriba de la media nacional. 

Ese es el universo de elementos de las corporaciones municipales.

Pero ¿cuál es la lección que deja Enjambre? Que los servidores públicos de esta instancia de gobierno son más susceptibles a ser enganchados para cometer actividades ilícitas, prestar protección, ofrecer información a personas que operan fuera del margen de la ley.

Ahí se debe poner el foco de atención.

¿Qué hacer? Quizá fortalecer mecanismos de control, capacitar y profesionalizar, pero sobre todo ofrecer mejores salarios a quienes forman parte de los cuerpos de seguridad pública municipal, para que deje de ser el talón de Aquiles.

@periodistamex

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