En lo que va de este 2025 que destapó una gran red de corrupción de funcionarios federales en las aduanas con el llamado “huachicol fiscal” en materia de combustibles que no es otra cosa, sino engañar al Fisco (SAT) declarando un producto diferente para pagar menos impuestos. Particularmente sobresale por el manejo de hidrocarburos (aceite, diésel, gasolina etc.), que viene de los EU y que, con la complicidad de autoridades fiscales en ambos países, ingresan gasolina o diésel, declarando que es aceite y por ende pagan menos contribuciones.
Lo anterior según la Procuraduría Fiscal de la Federación encabezada por Grisel Galeano García tiene un impacto económico de 600 mil millones de pesos en daños al erario público, según las investigaciones en curso y los casos reportados por la dependencia.
Cifra que seguramente crecerá conforme avancen las investigaciones y la red de corrupción que van desde marinos, agentes aduanales, funcionarios de Aduanas, Guardia Nacional, y autoridades locales.
Lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que en su gobierno no habrá espacio para la corrupción y “tope donde tope”.
Hace unos días se dio a conocer una serie de acciones legales en contra de diversas empresas conocidas como “factureras” que las mismas, no son otra cosa sino Sociedad Mercantiles debidamente constituidas o también llamada “empresa fantasma” por qué no tiene actividad comercial real; sin embargo, la empresa emite facturas por bienes o servicios nunca entregados, para simular operaciones.
Su principal objetivo es permitir que otras empresas inflen sus gastos, disminuyan sus utilidades y, por lo tanto, evadan el pago de impuestos, lo que constituye un delito de defraudación fiscal.
El pasado 2 de octubre, la Procuradora Fiscal, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para hablar sobre la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2026 y la Miscelánea Fiscal, señaló que presentó, en tres años, un total de 59 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que ascienden a un monto de 54 mil 688 millones de pesos, de daño al erario.
A detalle, la procuradora indicó que las denuncias que se presentaron en 2022 y sumaron un monto de 17 mil millones de pesos, mientras que en 2023 se presentaron otras más por 21 mil 700 millones de pesos.
En tanto, en 2024 se presentaron denuncias por un monto de 10 mil millones de pesos, mientras que en lo que va de 2025 ya suman otros 5 mil 600 millones de pesos.
Lo cierto es que el gobierno federal, en materia de recaudación sin dudas está apretando fuerte y ojalá siga igual, para que esas prácticas lamentables y la defraudación fiscal desaparezcan por el bien de las finanzas públicas.