El Gobierno municipal de Tlalnepantla ha presentado 14 denuncias penales en contra de funcionarios de alto rango por daño al patrimonio municipal.
Además, se tienen 40 expedientes de contrataciones públicas de adquisiciones y servicios con la firma falsificada del difunto exdirector de Administración, por un monto de 300 millones de pesos. El exfuncionario de Administración se llamaba Luis Antonio Gutiérrez Herrera, quien fue asesinado a balazos el 27 de abril de 2024.
Presentan denuncias en Tlalnepantla contra gobierno anterior por corrupción
El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, mencionó lo anterior durante una conferencia de prensa que se realizó en un conocido hotel de la ciudad.
Por eso —dijo— ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México y reconoció que los órganos de fiscalización se tardan, porque son muchos los recursos que deben auditar.
“Siempre lo he dicho: un gobernante no debe quejarse de los problemas que enfrenta, siempre debe resolver. No puedo excusarme por la situación financiera que heredé, pero ahí está.”
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Órganos de fiscalización han realizado observaciones en Tlalnepantla
Habló de que los órganos de fiscalización han realizado observaciones, las cuales están sujetas a aclaraciones y solo cuestionan en qué se utilizó el monto de los recursos.
El primer reporte de responsabilidades corresponde al gobierno municipal, al DIF y al OPDM, de los ejercicios fiscales 2022-2023.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México realizó 98 observaciones por un monto de $3,076,110,800.00 pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 24 observaciones de responsabilidad administrativa sancionatoria por un monto de $160,940,303.00 pesos. Un auditor externo detectó $1,231,267,078.00 pesos. El Órgano Interno de Control municipal observó $1,670,881,572.00 pesos. Siendo un total de $6,139,199,753.00 pesos.
“Con todo el panorama complejo que se heredó, estamos avanzando. No se puede utilizar como pretexto, pero sí explicar el porqué. Hay que hacer un balance frente a la ciudadanía de lo que pasó. Por eso se realiza un ejercicio de saneamiento en las finanzas y se explica la corrupción y la opacidad”.
Dijo que en este momento se están llegando a conclusiones de gobiernos de hace 6 u 8 años, y que es todo un proceso para que se deriven las responsabilidades, “no se harán este año ni el siguiente; es todo un proceso largo ante los órganos de fiscalización”.
Destacó que a los servidores públicos los auditan los órganos de control: OSFEM y el Órgano Interno de Control. A los representantes populares, como presidentes municipales, síndicos y regidores, los juzga la Contraloría de la Legislatura.
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MPH

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