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El robo de gas LP ha dejado de ser un problema menor para convertirse en una crisis de seguridad, económica y social en México, advirtieron integrantes de esta industria.
Denunciaron que, en los últimos seis años, el huachigas, como se le conoce, ha tenido un crecimiento sin precedentes, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) y las autoridades han mostrado una “tolerancia excesiva” que, en lugar de contener el delito, lo ha fortalecido.
Autoridades han mostrado una “tolerancia excesiva” al robo de gas LP
Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas (Amexgas) indican que el ducto principal de Pemex por el que se transporta el gas LP recorre mil 600 kilómetros desde Cactus, Chiapas, hasta Zapopan, Jalisco.
Aunque atraviesa varios estados, 90% de las picaduras al ducto se concentran en 31 municipios, ubicados en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca y Tabasco.
Esta intensa operación delictiva permitió que el robo de gas LP pasara de 222 tomas clandestinas en 2018, a mil 325 en 2019, un aumento de casi 500%. En 2020 fueron 2 mil 71 y para 2021 alcanzaron 2 mil 402.
El pico más alto de los últimos seis años se registró en 2022, con 2 mil 503, de acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).
El impacto económico del huachigas es mayúsculo
El impacto económico del huachigas es mayúsculo, con pérdidas anuales de 20 mil millones de pesos, cifra que supera algunos de los escándalos de corrupción más recientes, como el de Segalmex, con más de 15 mil millones de pesos, y la llamada Estafa Maestra, que alcanzó 7 mil 600 millones.
Gaseros consultados advirtieron que la tolerancia institucional alimenta a bandas criminales, pues el dinero de la venta ilegal del combustible se va para financiar a grupos delictivos.
La complicidad no es solo tácita. De acuerdo con testimonios, los delincuentes obligan a los pequeños distribuidores a aceptar documentación falsa y “claves” para evadir los controles de seguridad federal en varias partes del país.
Por su lado, Amexgas alertó de que la crisis operativa que enfrenta el sector formal de distribución de gas LP podría favorecer el crecimiento de la venta ilegal del combustible.
Competencia desleal
Rocío Robles, presidenta ejecutiva de Amexgas, advirtió que la falta de una tarifa de distribución justa para las empresas reguladas provocaría un debilitamiento del servicio legal, lo que favorecería a quienes comercian huachigas.
“Nos enfrentamos a una competencia desleal, una competencia que no paga ni seguros ni tiene un costo regulatorio porque no tiene permisos y que tampoco, en el peor de los escenarios, paga el producto porque es producto robado”, puntualizó.
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TAR
