Transparencia y protección de datos, en la incertidumbre
La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aprobada mediante una reforma constitucional, ha dejado a México en un escenario incierto respecto a la garantía de esos derechos fundamentales.
Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem llamó a los legisladores locales a tener seriedad
Expertos y organizaciones han manifestado su preocupación por las lagunas legales y los riesgos que implica la centralización de funciones en organismos del Ejecutivo Federal.
En el caso del Estado de México, Gustavo Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (Infoem), advirtió que las leyes secundarias serán clave para definir el futuro de la transparencia y la protección de datos.
“Es ahí donde sabremos qué sucederá con las facultades de garantizar el derecho de acceso a la información, la estructura que se utilizará y si se aprovechará la experiencia acumulada por los órganos autónomos. También está por verse si la Secretaría de la Función Pública (SFP) asumirá todas las competencias o si se regresará al esquema de 2002, cuando cada dependencia decidía de manera discrecional qué información entregar”, explicó.
Retroceso en autonomía
Para el comisionado, el nuevo modelo representa un retroceso significativo.
“Con esta reforma, perdemos la independencia de un órgano autónomo que resolvía los conflictos cuando un ciudadano no recibía información solicitada. Ahora, el Ejecutivo, a través de la SFP, decidirá qué datos entregar, pero esto no incluye al Poder Judicial, al Legislativo ni a los organismos autónomos. No sabemos si se crearán nuevas instancias para supervisarlos o si asumirán estas funciones de manera directa. Es una incógnita preocupante”, señaló.
Tutela, en el limbo
El funcionario considera que uno de los aspectos más críticos de la reforma es la falta de claridad respecto a la protección de datos personales. Aunque el dictamen establece que estas funciones quedarán bajo la tutela de la SFP, no se define quién supervisará los que estén en posesión de particulares o de otras instancias públicas, como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o los partidos políticos.
Parra Noriega resaltó que el vacío legal también abarca los datos manejados por bancos, aseguradoras, servicios médicos y otras entidades privadas. “¿Quién garantizará que no se haga mal uso de esta información? Es necesario que estas competencias recaigan en una autoridad especializada con autonomía técnica. Este es un compromiso internacional que México asumió al firmar el Convenio 108 y su protocolo adicional, único tratado vinculante en esta materia”, afirmó.
El Convenio 108, adoptado por países europeos y latinoamericanos, como Uruguay y Argentina, establece reglas homogéneas para el intercambio seguro de información entre naciones. México, al extinguir el INAI, quedará sin un órgano de control autónomo, lo que pone en riesgo el cumplimiento del acuerdo.
Impacto en el ámbito local
En el Estado de México, la desaparición del Infoem es inminente, una vez que se aprueben las reformas federales y locales necesarias para implementar la nueva estructura legal.
Las alternativas incluyen adscribir sus funciones a la Secretaría de la Contraloría, crear un organismo técnico dentro del Congreso local o transferirlas al Órgano Superior de Fiscalización (Osfem).
Parra Noriega llamó a los legisladores locales a garantizar que las funciones del Infoem sean asumidas de manera efectiva, para asegurar la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
“Hemos tenido un diálogo positivo con la gobernadora Delfina Gómez, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, y con legisladores locales. El reto es diseñar un modelo que permita a los mexiquenses ejercer de forma plena estos derechos, en un contexto que ahora es mucho más complejo”, afirmó.
El futuro de las plataformas
Otro tema pendiente es el destino de las plataformas de transparencia, tanto a nivel nacional como estatal. En el caso del Estado de México, el Infoem gestiona tres herramientas clave: Ipomex (Información Pública de Oficio), Saimex (Solicitudes de Información) y Sarcoem (Solicitudes de Derechos ARCO) que reúnen información de 430 sujetos obligados, incluyendo ayuntamientos, organismos autónomos y los poderes Legislativo y Judicial.
En la actualidad, el Infoem atiende más de 70 mil solicitudes de información al año y millones de consultas a través de sus plataformas digitales.
Parra Noriega destacó que el Estado de México es la única entidad del país con un sistema propio de acceso a la información y protección de datos personales.
“Esto nos da la ventaja de desconectarnos de la Plataforma Nacional de Transparencia si fuera necesario, pero queda la pregunta de quién se hará cargo de los datos una vez que desaparezca el Infoem”, indicó.
El comisionado enfatizó que estos datos no sólo incluyen información del Ejecutivo, sino también de otros niveles de gobierno y organismos autónomos.
“Es fundamental que se garantice la continuidad de estas plataformas, porque son la herramienta principal para que los ciudadanos accedan a información pública”, afirmó.
Preocupación internacional
La desaparición del INAI también ha generado preocupación en el ámbito internacional. Organismos como la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información han advertido que esta decisión pone en riesgo los compromisos de México en materia de transparencia y protección de datos, lo que afecta su reputación como líder en estos temas en América Latina.
La falta de un órgano autónomo podría dificultar el intercambio de información con otros países, en especial en un contexto donde la colaboración internacional es clave para combatir delitos transnacionales y proteger la privacidad de los ciudadanos.
En medio de este panorama, Parra Noriega hizo un llamado a los legisladores locales y federales para que actúen con sensibilidad y responsabilidad al diseñar las nuevas leyes secundarias.
“Es crucial que se piense en los ciudadanos y en la defensa efectiva de sus derechos. No podemos permitir que se pierda lo avanzado en materia de transparencia y protección de datos personales”, concluyó.
PAT
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