TRIJAEM sanciona a ex funcionarios del PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza
De los gobiernos municipales emanados del PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza son los 40 ex servidores públicos sancionados por desvío de recursos, abuso de autoridad y cohecho, y a quienes se han impuesto penas de hasta tres millones de pesos.
Lo anterior se desprende de la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción y de casos que fueron turnados por el Órgano Superior de Fiscalización del estado (Osfem) al Tribunal de Justicia Administrativa (TRIJAEM).
En el mismo se ratifica que la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional con ex funcionarios sancionados, aunque también en la lista aparecen Chihuahua, Zacatecas y Guanajuato, con el menor número de casos.
De acuerdo a dicha plataforma en la entidad quienes han sido sancionados por el TRIJAEM han sido quienes fungieron como alcaldes, tesoreros, síndicos y directores de área.
Se trata de las administraciones locales emanadas de tres principales fuerzas políticas PRI junto al PVEM, así como del PT y Nueva Alianza.
Irregularidades fiscales en municipios del Estado de México
Y las demarcaciones son: Tonanitla, Hueypoxtla, Tequixquiac, Nopaltepec, Otzolotepec y Teotihuacán. De ellas la que más casos acumula es Tonanitla con 10, seguido de Tequixquiac con cinco, y finalmente Nopaltepec con cuatro.
Las principales sanciones han sido por conductas como desvío de recursos, abuso de funciones y cohecho, por las cuales las sanciones administrativas menores impuestas han sido inhabilitaciones de tres meses a un año, y las altas de entre 10 a 12 años.
Pero además de lo anterior también se han impuesto sanciones económicas en 27 casos. La bajas son de 30 mil y hasta los 100 mil pesos, y en contraste las altas van desde los 500 mil pesos hasta los casi tres millones de pesos.
La titular del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez destacó que tiene estos respaldos de la aplicación de la ley a partir de exigir a los contralores y tesoreros observar las faltas o de lo contrario les iniciarán procedimientos, que en la mayoría de casos las archivan para no tener repercusiones por parte del edil.
Insistió en la necesidad de que los contralores tengan autonomía, porque hay casos que al aplicar la normatividad son despedidos, y rotados constantemente como el caso de Atlacomulco con más de cuatro veces.
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DB
