ESPECIAL

Urge iniciativa de ley contra “error judicial”: Roberto Medina

Medina Nava explicó que el error judicial ha sido tradicionalmente negado en los sistemas jurídicos.

Marzo 30, 2026

El abogado penalista Roberto Medina Nava consideró urgente que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el Poder Legislativo impulsen una legislación específica en materia de “error judicial”.

El litigante sostuvo que el país tiene “una deuda histórica” con quienes han sido condenados por delitos que no cometieron, y posteriormente han logrado recuperar su libertad.

“¿Qué puede hacer una persona que recuperó su libertad después de haber sido encarcelada injustamente? Hoy, en muchos casos, prácticamente nada”, advirtió.

Las personas que fueron encarceladas injustamente y permanecieron en la cárcel por varios años, tras los cuales se demostró su inocencia, tienen derecho a una reparación integral del daño, sin embargo, la falta de una ley que corrija “el error judicial” dificulta que estas personas, que tuvieron graves afectaciones psicológicas, morales, físicas, económicas y patrimoniales obtengan una reparación integral del daño.

Iniciativa de ley contra “error judicial”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó en enero pasado que el Pleno resolvió que la vía adecuada para reclamar una indemnización por daños derivados de actos del Ministerio Público es la administrativa, y no la civil.

La reforma constitucional en materia de responsabilidad patrimonial en 2002 estableció un régimen en el que el Estado es responsable de manera directa y objetiva por los daños que su actividad irregular ocasiona en las personas.

Ello se derivó de un juicio civil promovido por una persona que estuvo privada de la libertad de manera injustificada desde 1999 y fue absuelta en 2017, quien reclamó una indemnización por las actuaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La Corte concedió el amparo a la FGJ-CDMX y se declaró improcedente la vía civil.

Pero, a fin proteger a la víctima, la SCJN determinó que el tiempo durante el cual se tramitó el juicio civil suspende el plazo de prescripción para acudir a la vía administrativa, a fin de que la persona no vea afectados sus derechos por haber seguido una vía incorrecta.

Sin embargo, la falta de una ley que garantice justicia e indemnización a personas que han sido privadas de la libertad injustamente en México hace casi imposible que un “presunto culpable” obtenga más que un “usted disculpe”.

Un problema invisibilizado

Medina Nava explicó que el error judicial ha sido tradicionalmente negado en los sistemas jurídicos, debido a una visión que consideraba infalible la función de los jueces.

“Durante años se sacralizó el acto de juzgar, como si la justicia no pudiera equivocarse. Hoy sabemos que sí lo hace, y cuando lo hace, destruye vidas”, señaló.

Reconocimiento internacional, vacío nacional

El abogado destacó que el artículo 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí contemplan el derecho a indemnización por error judicial, que puede originarse por múltiples factores, como una valoración arbitraria de pruebas, negligencia, falta de imparcialidad o incluso una comprensión errónea de los hechos.

Sin embargo, advirtió que en México no existe una legislación clara, integral y accesible que regule este derecho, lo que deja a las víctimas en un estado de indefensión.

“El reconocimiento del error judicial no es suficiente si no va acompañado de mecanismos efectivos de reparación. No basta con liberar a una persona; el Estado debe restituir, en la medida de lo posible, el daño causado: años de vida, proyectos truncados, afectaciones familiares y sociales”, afirmó.

Venancio, Manuel, Mario y Ángel, vecinos de los municipios de Chimalhuacán y los Reyes La Paz son sólo algunos ejemplos de encarcelamientos injustos, ya que, a pesar de las múltiples irregularidades en sus detenciones, carpetas de investigación y procesos, tuvieron que permanecer en prisión entre tres y 11 años, sin ser culpables de los delitos que se les acusó.

Tras años de prisión que les ocasionaron enfermedades físicas, trastornos psicológicos, daño moral, problemas familiares y económicos, estos hombres ven pocas posibilidades de conseguir una reparación Integral del Daño por parte del Estado.

Ante este panorama, el abogado especialista en materia administrativa hizo un exhorto a la titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que se expida una ley específica sobre error judicial, se establezcan procedimientos claros, ágiles y accesibles para reclamar indemnizaciones, se garantice el pago efectivo en plazos razonables y se reconozca el error judicial como una forma de responsabilidad del Estado.

“El derecho internacional no deja lugar a dudas: el Estado está obligado a legislar y a reparar. No es una concesión, es un deber jurídico y ético; el error judicial no es una abstracción académica, es una tragedia humana. Cada caso representa una vida marcada por el sistema de justicia” advirtió el litigante.

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