Con la reciente incorporación del programa “Hoy No Circula” en el Valle de Toluca, los vehículos particulares comenzarán a ser restringidos según el color de su engomado y el holograma que portan. Sin embargo, el transporte público urbano será exento de esta medida, a pesar de ser uno de los principales emisores de contaminantes atmosféricos.
Sebastián Rodríguez Girón, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, explicó que muchas unidades del transporte público siguen utilizando sistemas de control de emisiones obsoletos, lo que contribuye significativamente a la mala calidad del aire en el Valle de Toluca.
“Hay mucho transporte que opera y ya tiene 20 o 30 años y están exentos del Hoy No Circula, los motores de vehículos que ya tienen, incluso 10 años, carecen de sistemas eficaces para reducir óxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles, lo que los convierte en una fuente activa de contaminación. Si a esto sumamos que estas unidades circulan a diario por estar exentas del programa Hoy No Circula, tenemos un problema ambiental que crece de forma silenciosa”, apuntó.
Automovilistas enfrentan sanciones y restricciones
Rodríguez Girón señaló que, mientras los automovilistas particulares enfrentan sanciones y restricciones por contaminar, las unidades colectivas siguen circulando sin controles ambientales adecuados.
“Una combi con motor diésel sin catalizador funcional puede emitir entre 3 y 4 gramos de óxidos de nitrógeno por kilómetro recorrido. Un auto particular con tecnología más reciente emite menos de 0.1 gramos. En promedio, una unidad de transporte recorre 150 kilómetros diarios, lo que representa una emisión desproporcionada que nadie está regulando”, señaló.
Catalizadores nuevos en transporte público mexiquense una alternativa
El investigador también detalló que existen tecnologías accesibles para mejorar el desempeño ambiental de estas unidades, aunque su instalación requiere voluntad institucional y recursos focalizados.
“Un convertidor catalítico de nueva generación para motores diésel cuesta entre 25 mil y 35 mil pesos, y puede reducir hasta el 90% de las emisiones de óxidos de nitrógeno y hasta el 80% de hidrocarburos no quemados. El problema es que no existe ninguna norma estatal que obligue a los concesionarios del transporte público a instalar este tipo de dispositivos, a pesar de su efectividad comprobada”, apuntó.
Por último, Rodríguez Girón insistió en la necesidad de actualizar la política ambiental estatal con base en mediciones reales, no solo con criterios administrativos.
“En Toluca y sus municipios conurbados, los niveles de ozono y partículas PM10 superan en promedio 80 días al año los límites establecidos por la OMS. Si se busca mejorar la calidad del aire, no se puede seguir exentando a las unidades más contaminantes. Se requiere una estrategia que incluya monitoreo, verificación vehicular obligatoria para transporte público y actualización tecnológica con fechas límite claras”, concluyó.
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TAR