Uriel Carmona Gándara es destituido como fiscal general de Morelos

El Congreso estatal aprobó la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal general, tras una votación mayoritaria a favor de su remoción. La decisión responde a una solicitud formal del Poder Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, quien exigió la separación del cargo a través de su jefe de oficina.

La petición fue tramitada al Congreso local, donde Rafael Reyes Reyes, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta Política, convocó a una reunión de emergencia para discutir el tema. Esta no era la primera solicitud de su tipo, ya que previamente el Ejecutivo había enviado otro oficio dirigido a la presidenta del Legislativo, Jazmín Solano, reiterando la exigencia de destitución.

Acusaciones en su contra

Uno de los principales cuestionamientos provino de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló a Carmona Gándara como un obstáculo para la pacificación del estado. Durante su gestión en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lo acusó de encubrir a los responsables del feminicidio de Ariadna Fernanda ‘N’ y de manipular pruebas.

El ahora exfiscal enfrentó tres procesos penales derivados de este caso, lo que lo llevó a ser detenido y permanecer en prisión preventiva durante casi dos meses, incluso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Además, se le imputó su presunta participación en la tortura de un individuo conocido como “El Diablo”.

Señalamientos adicionales

Durante su administración, Carmona Gándara fue acusado de proteger al exgobernador Graco Ramírez y de sostener una confrontación con el exmandatario Cuauhtémoc Blanco, promoviendo investigaciones contra funcionarios cercanos a éste último y persiguiendo judicialmente a periodistas mediante la supuesta fabricación de delitos. Además, se le señala por presunto desvío de recursos y la creación de una red de influencia con vínculos políticos y criminales.

Pese a las denuncias en su contra, fracciones parlamentarias del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza se habían opuesto anteriormente a su destitución, permitiendo que regresara a su cargo. Sin embargo, la gobernadora Margarita González Saravia insistió en su remoción, argumentando su prolongada permanencia de siete años en el puesto y su inacción en casos de alto impacto.

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