Va fiscal mexiquense por extorsión de cárteles

En la zona Sur del Estado de México, el crimen organizado ha impuesto un sobreprecio a distintos productos desde la canasta básica hasta los materiales de construcción, acción que fue calificada como un tipo de extorsión por el fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, por lo que ingresó a la Legislatura local una iniciativa para que se le dote de facultades a la institución que encabeza para perseguir este delito.

A decir del abogado de la entidad, si bien esta modalidad extorsiva no es privativa de los municipios sureños, ahí han detectado que, por ejemplo, a las casas de materiales se les impone un sobreprecio del 12%, se obliga a los compradores a adquirir los productos en un negocio determinado e incluso se les fuerza a transportarlo con determinados transportistas.

«Si no acatan la instrucción le levantan al director de obra, al maestro o a los trabajadores de la construcción y se convierte en una presión ominosa que nadie puede tolerar”.

Pero no es el único rubro. Este tipo de “impuesto criminal” se ha detectado también para los que venden pollo, huevo y tortillas.

Al respecto, comerciantes de municipios como Coatepec Harinas, Sultepec y Texcaltitlán han reconocido que en los últimos dos años la situación se ve reflejada en sus precios.

En promedio, en esta región el kilo de tortilla se vende en 25 pesos, 140 el de pollo, 160 si es de pechuga. El huevo lo pagan a 70 pesos por kilo, a 95 pesos la cajetilla de cigarros y hasta 60 pesos por el kilogramo de limón.

En cuanto materiales de construcción, señalaron de manera anónima por temor a represalias que tan sólo por una lámina, pagan 900 pesos, por lo que este rubro simplemente ha dejado de crecer en la zona.

También ha detectado la FGJEM que a los campesinos, las células de la delincuencia organizada les cobran un peso por cada metro de riego.

La iniciativa

Si bien no pueden perseguir a los grupos del crimen organizado por delitos del fuero federal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México busca que se le dote de herramientas para perseguir esta nueva modalidad de extorsión a los comercios.

La propuesta, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, explicó el titular de la FGJEM, es para que se modifique el capítulo de delitos contra la economía del Código Penal, concretamente actividades comerciales, y se incluya un apartado para que le otorgue facultades a la institución y pueda actuar cuando identifique actividades de acaparamiento comercial, súbito aumento de precios, monopolio de actores comerciales en determinadas áreas y puedan entrar a investigar en los negocios, sin necesidad de esperar una denuncias. 

«La penalidad que estamos proponiendo a los señores legisladores es de seis a 10 años, pero estás conductas prevemos agravarlas cuando participen dos o más personas con tres a siete años y de cinco a 15 años de cárcel si estos individuos se identifican como parte de una organización criminal”, explicó el fiscal.

Destacó que si bien la delincuencia organizada es una expresión de ámbito federal, todos los criminales están organizados y en el segmento en que el Código les permita a las autoridades coordinarse mejor, será más sencillo enfrentar el delito en caso de actividades de este tipo. 

TAR