Van contra matrimonio infantil por usos y costumbres en Estado de México

Muchos municipios del Estado de México siguen obligando a las menores de edad a contraer matrimonio por tradiciones de la región.

Las y los diputados de las comisiones para la Atención a Grupos Vulnerables y Especiales de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia coincidieron en establecer que la edad mínima legal para contraer matrimonio sean los 18 años y que no sea posible invocar a usus y costumbres para permitirlo.

En la reunión presidida por la diputada Alicia Mercado Moreno, se llegó al acuerdo de que, por su relevancia y urgencia, esta reforma debe ser aprobada a la brevedad; por lo que el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, proponente de la reforma de ley, solicitará a la Junta de Coordinación Política su aval para que el dictamen sea avalado en una próxima sesión.

EdoMex entre los estados con mayor número de matrimonios forzados infantiles en el país

Al exponer los puntos por lo que presenta la propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad, el legislador Rigoberto Vargas detalló que en el Censo de Población del 2020 realizado por el Inegi, 237 mil mujeres mexicanas de 12 a 17 años se encuentran casada.

La diputada Alicia Mercado mencionó que la mayoría de estos matrimonios son forzados, por lo que propuso incluir la prohibición del matrimonio forzado de menores de 18 años y de personas que no entienden el hecho o la capacidad de resistirse.

Por su parte, Mónica Angélica Álvarez, diputada de Morena, resaltó que la propuesta se inscribe en la campaña ´De la A a la Z, por un México sin unión temprana y matrimonio de niños, niñas y adolescentes en la ley y la práctica’ lanzada por la ONU en 2015.

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Por parte de la fracción del PRD, la diputada María Elida Castelán Mondragón, destacó que este tipo de matrimonios ocurren con mayor frecuencia en la zona rural del estado.

El Estado de México cuenta con más de 33 mil casos de menores de edad casados, siendo la entidad con una de las tasas más altas de vulneración a los derechos de las niñas, niños y adolescentes por usos y costumbres, según la información revelada por la organización Red por los Derechos de la Infancia en México.