Contención del gasto ayudó a la viabilidad financiera para el Tribunal de Disciplina: Fernando Díaz

La creación del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de México responde a una exigencia social de mayor transparencia, control del gasto y cercanía de la justicia con la ciudadanía, afirmó Fernando Díaz Juárez, presidente de este nuevo ente, que junto con el Tribunal de Disciplina Judicial heredó la responsabilidades del extinto Consejo de la Judicatura, al hacer un balance de los avances logrados desde su puesta en marcha, en el marco de la reforma judicial.

El magistrado explicó que la reforma partió de la necesidad de separar las funciones de ese órgano para dar paso a dos instancias diferenciadas: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de la vigilancia, evaluación y eventual sanción de las personas juzgadoras, y el Órgano de Administración, responsable del manejo de los recursos públicos bajo criterios de eficiencia, transparencia y austeridad republicana.

Austeridad como principio

Fernando Díaz subrayó que la austeridad no implica precariedad ni debilitamiento institucional, sino un uso racional de los recursos, orientado a combatir la desigualdad, inhibir prácticas de corrupción y evitar el dispendio. “Es un mandato de ley, no un discurso”, sostuvo, al destacar que el Poder Judicial, históricamente, había permanecido ajeno al escrutinio público en materia presupuestal.

Detalló que, como parte de este nuevo enfoque, se adoptaron medidas concretas de contención del gasto. Entre ellas, la reducción de 25% en los salarios del personal administrativo de nivel directivo, una decisión sin precedente en el ámbito judicial local; la cancelación de telefonía celular personal para servidores judiciales, dejando únicamente líneas destinadas al servicio público; así como ajustes significativos en gastos de combustible, transporte y servicios generales.

Estas acciones permitieron generar ahorros cercanos a 40 millones de pesos, recursos que se destinaron a cubrir necesidades prioritarias derivadas de la reforma, entre ellas la puesta en marcha del Tribunal de Disciplina Judicial, cuya operación anual representa un costo estimado de entre 80 y 100 millones de pesos. El magistrado precisó que este gasto no estaba contemplado originalmente en los presupuestos anteriores, por lo que fue necesario recurrir a una reorientación interna del gasto.

En paralelo, señaló que los integrantes, tanto del Órgano de Administración como del Tribunal de Disciplina, redujeron sus percepciones para homologarlas con las de cualquier magistrado del pleno del Tribunal Superior de Justicia, con lo que actualmente no existe servidor judicial que perciba un salario superior al de la presidenta de la República, en apego al marco constitucional.

Déficit histórico de jueces

En cuanto a la estructura del Poder Judicial, Díaz Juárez recordó que el Estado de México enfrenta un déficit histórico tanto en número de jueces por cada 100 mil habitantes como en presupuesto, situación que se ha visto agravada por la creciente carga de trabajo, particularmente en materias civil y familiar. Indicó que en 2020 el Poder Judicial contaba con 3 mil 936 personas servidoras públicas, mientras que en 2026 la cifra supera las 6 mil 494, de las cuales 72% corresponde a personal jurisdiccional.

No obstante, reconoció que este porcentaje aún resulta insuficiente y que uno de los ejes centrales de la actual administración es fortalecer los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, adelantó que durante el primer trimestre del año se concretará una reorientación de más de 200 plazas administrativas hacia la función jurisdiccional, como parte de un proceso de “adelgazamiento” de la estructura administrativa para redirigir recursos humanos y financieros a donde más se necesitan.

Este proceso, explicó, se encuentra alineado con el plan institucional del presidente del Poder Judicial, Héctor Macedo García, publicado en diciembre y con vigencia de dos años, el cual establece programas estratégicos, líneas de acción e indicadores de desempeño. Dichos indicadores permitirán realizar evaluaciones trimestrales y, en su caso, ajustar metas y proyectos conforme a los resultados obtenidos.

En materia de seguridad para jueces y magistrados, el presidente del Órgano de Administración señaló que, aunque se han recibido solicitudes de cambio de adscripción por presiones externas, no se han registrado peticiones relacionadas con riesgos directos a la integridad física. Aún así, afirmó que existen protocolos, personal especializado, vehículos, ambulancias y convenios permanentes con instancias de seguridad estatal y federal para atender cualquier eventualidad, principalmente en materia penal.

Escuela judicial fortalecida

Respecto a la Escuela Judicial, Díaz Juárez destacó que su papel se ha fortalecido tras la reforma, al mantener viva la carrera judicial y asumir una función central en la capacitación y evaluación de jueces y magistrados. Señaló que incluso durante el reciente periodo vacacional se impartieron cursos de actualización, con la participación directa del presidente del Poder Judicial, y sostuvo que la formación de personas juzgadoras es un proceso de largo aliento que requiere compromiso permanente.

De cara al proceso de elección judicial previsto para 2027, el magistrado indicó que la Escuela Judicial será clave para capacitar a quienes se incorporen al Poder Judicial, independientemente de su experiencia previa, y aseguró que la institución cuenta con estándares académicos, infraestructura y convenios que la colocan entre las más sólidas del país.

Díaz Juárez subrayó que el reto central del Órgano de Administración es hacer frente a una reforma profunda con recursos limitados, mediante una gestión responsable y transparente, que permita fortalecer la impartición de justicia y responder a una demanda social histórica de un Poder Judicial más abierto, austero y cercano a la ciudadanía.

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