Violencia y democracia
La ola de violencia política en México arroja cifras alarmantes que ponen en duda la fortaleza del sistema democrático en México.
Según un estudio realizado por Integralia, se han registrado un total de 107 agresiones contra candidatos de la oposición, seguidas por 48 casos que involucran a candidatos de Morena, PT y Verde, y 26 incidentes relacionados con partidos locales. Estas cifras evidencian una preocupante tendencia hacia la violencia dirigida específicamente contra aquellos que representan una voz disidente al partido en el poder.
Sin embargo, lo más grave representa cuando esas agresiones culminan en asesinatos políticos. Se contabilizan un total de 28 asesinatos, siendo los candidatos de Morena, PT y Verde los más afectados, con 17 casos, seguidos por la oposición con 11. Estas cifras son alarmantes, aunque no permiten sacar conclusiones definitivas sobre la naturaleza y motivaciones detrás de estos crímenes, ya que pueden estar influenciadas por una serie de factores locales y regionales. Lo cierto, es que el crimen organizado, es un hecho, está metido en lo más profundo.
Es de destacar que en el estudio de Integralia se considera como ‘oficialista’ al gobierno estatal en turno, lo que podría tener implicaciones en la interpretación de los datos. Esta clasificación puede generar debates sobre la imparcialidad del análisis y la influencia de factores políticos en la percepción de la violencia política en el país. Pero nadie puede negar que la violencia es una realidad que cada vez eleva más el nivel.
Los ejemplos específicos proporcionados, como las 22 agresiones en Michoacán y las 18 en Jalisco, dejan ver una realidad preocupante del panorama político y la interacción entre diferentes fuerzas partidistas en cada estado.
Estos casos ilustran cómo la dinámica política local puede influir en la distribución y naturaleza de la violencia, y la importancia de considerar el contexto regional al analizar estos fenómenos.
Es importante, pero sobre todo urgente, que las autoridades y la sociedad en su conjunto busquen la forma de que esto no se haga un problema aún mayor.
Los gobiernos estatal, federal y municipal deben trabajar para garantizar la seguridad de los candidatos y candidatas. Los ciudadanos, por nuestra parte, no perder nuestra capacidad de asombro y evitar normalizar la violencia, denunciando y exigiendo que no haya impunidad.
No garantizar la integridad de las y los actores políticos en la entidad mexiquense, representaría un caos para la elección y una gran afectación a nuestra democracia.
La violencia no tiene cabida en un sistema democrático funcional, y es responsabilidad de todos velar por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y candidatos en todo el país. Pero cada quien haciendo su parte. De corrupción e impunidad, está harta la gente. Veremos unas elecciones diferentes, con la manos de criminales metidas en decisiones de partido y de autoridades electorales. La única forma de evitar manipulación es salir a votar. No hay más.
