Violencia y elecciones

La pesadilla no termina. Al contrario, cuando parece que ya pasó lo peor, la violencia vuelve a esparcirse por todo el territorio mexiquense. No hay semana en la que no se dé cuenta de un hecho violento, del derramamiento de sangre de hombres o mujeres, no importa la edad, niños, adolescentes, jóvenes, viejos. Como tampoco importa el sexo, hombres o mujeres fallecen las más de las veces por arma de fuego. La violencia se ha generalizado, peor aún, se ha normalizado, se ha vuelto cotidiana para todos.

Apenas el jueves aparecieron los cadáveres de dos mujeres maniatadas y con impactos de proyectil en sus cuerpos en una colonia del municipio de Lerma. La noche de ese mismo día, en el mismo municipio se registró una balacera en una plaza conocida como Hacienda Santa Clara dejando un saldo de una persona muerta y otra herida. En las primeras horas del viernes, a 150 kilómetros de distancia, en Zacazonapan, dos personas sin vida fueron halladas al fondo de un barranco, en un vehículo. Ambas tenían impactos de bala y uno de los cuerpos fue identificado como síndico municipal de Amanalco.

La semana pasada, en la madrugada del 21 de enero, del otro lado de la geografía mexiquense, en Chimalhuacán, siete personas fueron acribilladas en un jardín de fiestas. Tres fallecieron en el lugar, cuatro más en el hospital en el que eran atendidos. Y así la lista puede ser interminable. En la mayoría de los casos no hay detenidos, responsables, autores materiales de los crímenes, ya no se diga de los autores intelectuales. Es recurrente la versión de que se trató de un ajuste de cuentas, disputas entre bandas del crimen organizado, como si con eso se diera por finiquitado el tema. Cada familiar de las víctimas se queda con su muerto, con su dolor, con su miedo.

Es en medio de este rojo panorama que la Secretaría de Gobernación que encabeza el tabasqueño Adán Augusto López suscribirá esta semana un convenio de colaboración con las autoridades estatales, así como con los órganos federales del Estado de México –también se suscribirá con Coahuila y Tamaulipas, que igual tendrán elecciones en junio—y que se denomina Estrategia federal de seguridad.

En entrevista para este diario, el responsable de la política interna del país, no quiso dar detalles respecto al convenio pero adelantó que “será similar al que se utilizó en las elecciones de 2022, pues funcionó muy bien”. En el fondo es de desear que este plan, más allá del compromiso de los órganos electorales y los partidos políticos, de llevar a cabo una competencia sana, libre de guerra sucia, de apego a la legalidad, etcétera, incluya un buen esquema de protección a los candidatos, de inteligencia policial para saber si alguno de ellos es cooptado o amenazado por el crimen organizado.

No se olvide que en las elecciones intermedias en la entidad hubo casos de amenazas, plagios por varios días de aspirantes que luego se retiraron de sus actividades proselitistas, pero sobre todo, se debe garantizar que el ciudadano de a pie, el que decidirá con su voto al ganador de la contienda, pueda ejercer este derecho de manera libre, pero sobre todo, que pueda vivir en paz de aquí al día de la jornada electoral y el resto del tiempo.

REBURUJOS

El dictamen pericial de lo que ocurrió en el Metro de la Ciudad de México y que dejó una joven sin vida es por demás grave. La autoridad está cada vez más convencida de que hay sabotaje y todo apunta al Sindicato; el gremio alega intereses políticos en la versión. Lo cierto es que no se puede estar jugando con la vida de los pasajeros.