¿Acuerdos políticos o aplicación de la ley?

La cultura de la legalidad en México es frágil. El respeto a las leyes no caracteriza a la sociedad mexicana y menos a los gobernantes. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del INEGI (ENCUCI 2020) da muchas luces. Ante la pregunta de si los gobernantes mexicanos respetan las leyes, las respuestas fueron contundentes: cuatro por ciento de los encuestados opinó que mucho; 29.6 dijo que algo; 44.0 consideró que poco y 21.8 respondió que nada.

La violación de las leyes mexicanas es una costumbre arraigada desde hace muchos años. La ley es letra muerta en muchos sentidos. Por eso no resultó sorprendente que el pasado 18 de enero las autoridades del IEEM, INE, TEPJF, TEEM, gobierno mexiquense y partidos con registro nacional y local firmaran un acuerdo de integridad para el actual proceso electoral. Tampoco sorprendió que firmaran algunos de esos violadores. Es parte de la tradicional simulación.

La misma ENCUCI 2020 revela que 86 por ciento de los entrevistados vio a partidos repartir dinero o regalos a los electores, para que votaran por ellos. Y casi 40 por ciento vio a las autoridades realizar lo mismo. Aunque es imposible reproducir todos sus resultados, también demuestra que a cambio de votos se siguen dando despensas, atención médica, objetos diversos, materiales de construcción y programas sociales, entre otros.

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No obstante que algunas de esas prácticas sean negadas por las autoridades, la ENCUCI 2020 refleja que el electorado todavía es presionado o amenazado para votar en determinado sentido. También demuestra que siguen ocurriendo delitos como pedir la credencial de elector, exigir pruebas del sentido del voto, robar boletas, votos o urnas, presionar a empleados para votar por un partido o rellenar urnas.

Hace años la causa de la existencia de tales prácticas era la carencia de leyes que las sancionaran. Actualmente, también lo es la falta de voluntad de las autoridades comiciales para combatirlas. Por temor a los gobiernos y a los partidos prefieren ser omisas y voltear hacia otro lado. Cuando tal postura es insostenible, recurren a medidas políticas. Este es el caso del acuerdo para la integridad de las elecciones mexiquenses de este año.

Las autoridades electorales han sido omisas ante las numerosas violaciones a las leyes, que desde el año pasado han llevado a cabo quienes aspiran a la gubernatura estatal, sin que hayan recibido mayores sanciones. Para tratar de mantener controlada la situación, ahora quieren arreglarla mediante un acuerdo político y no aplicando la ley. ¿Era necesario que todos los firmantes se comprometieran a respetar leyes que ya están obligados a cumplir?

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Además, suponiendo sin conceder que el acuerdo sea útil, la firma del mismo tuvo la ausencia notable de un representante del gobierno federal, que históricamente ha sido un actor fundamental de los procesos electorales federales y locales. Para que un compromiso de esa naturaleza funcione tiene que contar con el aval de ese nivel de gobierno. En caso contrario, su efectividad es dudosa.

Aunque son importantes, este tipo de acuerdos no pueden sustituir a la legalidad. La mejor garantía para tener elecciones íntegras es la aplicación de las leyes. Existen disposiciones legales que las autoridades comiciales se niegan a aplicar, por temor a las consecuencias políticas. Ya es hora de acabar con esa postura, que solo favorece la impunidad y la manipulación de la voluntad popular, por parte de quienes dicen respetarla.

DMM