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El Estado de México aparece como uno de los principales focos de la crisis de desaparición de personas en el país, de acuerdo con el informe sobre desapariciones en México dado a conocer la mañana de este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que el organismo advierte que el fenómeno es generalizado, está vinculado con la violencia criminal, la impunidad y la debilidad institucional, y mantiene rebasadas las capacidades de búsqueda, investigación e identificación humana.
El reporte de la CIDH ubica a la entidad mexiquense como el segundo estado con más personas desaparecidas y no localizadas, con 14 mil 48 casos registrados hasta junio de 2025, sólo por debajo de Jalisco, que acumula 15 mil 330. En tercer sitio aparece Tamaulipas, con 13 mil 431.
Edomex primer lugar nacional en desapariciones de mujeres
El informe señala que la situación es más grave en el caso de mujeres y niñas y precisa que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en desaparición de mujeres, con cinco mil 648 casos, por encima de Tamaulipas y Jalisco. El documento indica que el mayor número de mujeres desaparecidas en el país se concentra entre los 15 y 19 años, sector que enfrenta riesgos asociados con violencia de género, trata de personas, explotación sexual, trabajo forzado y feminicidio.
El organismo también advierte que en México desaparecen más niñas que niños. En el grupo de niñas y adolescentes, el Estado de México también encabeza las cifras nacionales, con dos mil 594 casos, seguido por la Ciudad de México y Tamaulipas. Para la CIDH, la desaparición de adolescentes mujeres suele estar marcada por respuestas tardías, estereotipos de género y omisiones de autoridades, que en muchos casos no activan de inmediato los mecanismos de búsqueda.
En el documento se cita el caso de Mónica Alejandrina, desaparecida en 2004 cuando se trasladaba de su domicilio en el Estado de México hacia una universidad en la Ciudad de México. Su madre planteó ante la CIDH la hipótesis de que pudo haber sido víctima de trata. El caso es utilizado por el organismo como ejemplo de la relación entre desaparición de mujeres, violencia de género, falta de investigación efectiva y revictimización de las familias.
Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes
El reporte también coloca al Estado de México dentro de las entidades con riesgo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Se mencionan los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli como puntos donde este fenómeno tendría mayor incidencia.
Además, la CIDH retoma el testimonio de un adolescente identificado con el nombre ficticio de “Alfredo”, quien vivía en Toluca y fue privado de la libertad junto con otros jóvenes para ser llevado a un campo de entrenamiento de un grupo criminal en Tierra Caliente, Guerrero. El joven logró escapar durante un enfrentamiento armado. El caso ilustra, según el organismo, la captación forzada de adolescentes y jóvenes por estructuras criminales.
En términos generales, el informe sostiene que México enfrenta una crisis humanitaria de desapariciones y una emergencia forense. La CIDH documenta más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país, además de más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. Estas cifras, advierte, exhiben la magnitud de la violencia y las fallas estructurales para buscar personas, investigar delitos e identificar restos humanos.
Instituciones, mecanismos y normas para atender la crisis
La Comisión reconoce que desde 2018 se han creado instituciones, mecanismos y normas para atender la crisis, como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento de comisiones de búsqueda, protocolos especializados y herramientas forenses. Sin embargo, concluye que los avances son insuficientes frente a la dimensión del problema.
Uno de los puntos que el reporte puntualiza con mayor énfasis es la impunidad. La CIDH señala deficiencias desde la presentación de denuncias, la conducción de diligencias, la definición de líneas de investigación y la clasificación penal de los hechos. Advierte que muchas investigaciones se retrasan, no llegan ante jueces o concluyen sin sanciones, lo que alimenta la desconfianza de las familias hacia fiscalías y ministerios públicos.
El organismo sostiene que la desaparición en México está relacionada con la actuación del crimen organizado, pero también con distintos niveles de colusión, complicidad, tolerancia o participación de agentes estatales, por lo que solicita al Estado mexicano identificar y desmantelar redes de protección institucional que permitan la operación de grupos criminales en territorios donde se concentran desapariciones.
La CIDH reconoce en el documento el papel de colectivos y familias buscadoras, que ante la falta de resultados oficiales han asumido tareas de búsqueda en campo, recopilación de pruebas y exigencia de justicia. No obstante, advierte que estas personas enfrentan riesgos, amenazas, ataques y asesinatos, por lo que pidió reforzar los mecanismos de protección.
En el caso mexiquense, el informe señala la alta concentración de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas; el reclutamiento criminal de jóvenes en algunos municipios del Valle de México; la posible operación de redes de macrocriminalidad; los obstáculos para denunciar entre jurisdicciones; y la necesidad de revisar antecedentes forenses, entre ellos desapariciones y hallazgos vinculados con el Río de los Remedios, en Ecatepec y Tecámac.
La Comisión concluye que superar la crisis requiere medidas extraordinarias de prevención, búsqueda, investigación, identificación humana, atención a víctimas y memoria. También plantea que las familias deben permanecer en el centro de las políticas públicas, no como sustitutas del Estado, sino como víctimas con derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
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