Las brigadas operativas en campo derivan de un minucioso análisis por patrones y movilidad delictiva estructurado desde febrero de 2026.
Las políticas con enfoque humanista y de justicia social orientadas a atender a las víctimas indirectas de la desaparición en la periferia mexiquense registran una jornada de intensa actividad en campo. El Gobierno del Estado de México, bajo la coordinación de la Comisión de Búsqueda de Personas (Cobupem), en conjunto con colectivos ciudadanos y familiares de víctimas, ejecuta una búsqueda generalizada en un corredor estratégico de interés que abarca los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Nicolás Romero.
Participan 165 autoridades, 65 familiares y siete colectivos en una extensión territorial de 6.6 kilómetros cuadrados.
El propósito central de este despliegue es el hallazgo de indicios biológicos o materiales que permitan robustecer los expedientes de investigación y agilizar la localización de personas con reporte de desaparición. En esta estrategia de búsqueda integral participan activamente 165 autoridades adscritas a los tres órdenes de gobierno, acompañadas de 65 familiares —entre ellas más de 60 madres buscadoras— y representantes de siete colectivos civiles, quienes realizan minuciosos rastreos terrestres sobre una extensión aproximada de 6.6 kilómetros cuadrados.
Inteligencia y análisis de patrones desde febrero de 2026
Los frentes de rastreo actuales no son producto del azar; las acciones de campo derivan directamente de un análisis científico por patrones criminales y geográficos desarrollado por los especialistas de la Cobupem desde febrero de 2026. A través de esta metodología técnica, la institución estatal logró identificar coincidencias sustanciales entre distintas carpetas de investigación, así como delimitar puntos críticos relacionados con los reportes de “vista por última vez” y los registros de movilidad en los municipios de la región y sus respectivas zonas colindantes.
“Tuvimos la participación de alrededor de siete colectivos y más de 60 madres buscadoras. Contamos con más de ocho autoridades de seguridad municipales, estatales y federales”, detalló de manera oficial Avelino Blanco Guido, titular de la Cobupem.
El funcionario mexiquense precisó que la información recabada en el terreno continúa siendo procesada y analizada de manera permanente por los peritos de la comisión. Por tal motivo, no se descarta la ampliación del polígono de estudio y el traslado de las acciones de búsqueda hacia otras demarcaciones de la zona periférica del Valle de México, conforme se identifiquen nuevos elementos o testimonios de interés que robustezcan las indagatorias vigentes.
Blindaje institucional para las brigadas de la periferia
Con el firme objetivo de salvaguardar la integridad física de las familias de la clase trabajadora, activistas y funcionarios que participan en las excavaciones y recorridos, las autoridades dispusieron un riguroso esquema de protección perimetral. Las células de búsqueda avanzan resguardadas por un robusto estado de fuerza que incluye a:
Policías municipales de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero.
Elementos operativos y binomios caninos especialistas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Fuerzas federales de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (SEMAR).
Personal ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
“Creo que el acompañamiento del Estado es un elemento fundamental; es un encargo y una obligación como Comisión realizarlo de manera recurrente y puntual”, enfatizó con determinación Blanco Guido.
Con estas acciones coordinadas en este 2026, el Gobierno del Estado de México refrenda su convicción de priorizar el acompañamiento institucional de las familias afectadas, garantizando el respeto irrestricto a sus derechos humanos y la transparencia en los procesos de acceso a la verdad y la justicia.
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