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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) solicitó medidas precautorias al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, al advertir posibles vulneraciones a los derechos humanos de niñas, niños, adultos mayores e integrantes de pueblos indígenas, pertenecientes a 160 familias que habitan en una zona de riesgo, por donde cruzan líneas de alta tensión y gasoductos, luego de que se les notificó que debían desalojar la zona.
Notificaciones genéricas, presiones y barreras de lenguaje
Luego de admitir la queja interpuesta por la representación jurídica de las familias, el organismo inició el expediente CODHEM/NEZA/523/2026, y una vez que valoró y analizó los hechos expuestos en la queja consideró que hubo una presunta violación los derechos humanos.
Delfino Vizcaíno Vidal, asesor jurídico de las familias notificadas, aseguró que personal la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, incurrió en diversas irregularidades al entregar notificaciones de desalojo a las familias asentadas en la calle Cariño, de la colonia Benito Juárez.
“Sus formatos, no contaban con los nombres de las personas, solo las características de sus viviendas, estuvieron entregando notificaciones a personas que hablan una lengua originaria y que no comprenden bien el español, notificaron a sordomudos y muchos no entendieron de lo que se trataba”, señaló.
Detalló que en las notificaciones establecían un plazo de tres días para comparecer, por lo que algunos de los vecinos acudieron al Ayuntamiento, donde les dieron un documento en el que les hicieron firmar que se comprometían a salirse de las casas en 15 días con la promesa de que les iban a dar un departamento.
El abogado explicó que, aunque funcionarios les aseguraron que al firmar podrían incorporarse a un programa de vivienda por la que tendrían que pagar entre un millón y millón y medio de pesos, hasta el momento, no se presentado ningún servidor público federal para explicarles a las familias sobre el esquema del supuesto programa y si van a tener facilidades.
Por lo que el asesor legal optó por realizar la comparecencia de los ciudadanos por escrito, la cual ingresó a la oficialía de partes y a la Dirección de Desarrollo Urbano.
El antecedente de la fuga de gas y el blindaje constitucional
En ella expusieron que están conscientes del riesgo que hay por las torres que conducen líneas de alta tensión de la Comisión federal de Electricidad (CFE) y un ducto de gas natural, pero solicitan que se les den plazos razonables y las condiciones para poder enfrentar la situación.
“No buscamos justificar un asentamiento irregular, sino garantizar el respeto a la dignidad humana y al debido proceso, que te digan ‘en 15 días pierdes poquito que tienes y te vas’ entonces apelamos a la sensibilidad del Ayuntamiento para que haya más tiempo, facilidad, algo real y más concreto, que den opciones reales para que la gente sepa que va a hacer”, expuso.
El pasado 1 de julio se registró una fuga de gas dentro del asentamiento, el por el cual fueron evacuadas más de 300 familias que habitan en las inmediaciones, lo que puso en el foco de la atención a este asentamiento humano.
En este contexto, la Codhem, solicitó al presidente Municipal, Adolfo Cerqueda, la implementación de medidas precautorias a fin de que las dependencias de la administración pública municipal se abstengan de realizar actos de molestia o de privación que no cumplan con las formalidades y garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución.
“Toda actuación de autoridad deberá contar con sustento legal, estar debidamente fundada y motivada, y respetar las garactías de audiencia y debido proceso que resulten aplicables, evitando amenazas, coacción o intimidación tendientes a obtener la desocupación de los predios, materia de la presente queja”, cita la Codhem, en respuesta a la queja.
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Pat
