CONAC: cuando un presupuesto comienza a decir la verdad

Hay reformas que pasan casi desapercibidas, pero transforman la manera en que entendemos y fiscalizamos al gobierno, la reciente modificación a la Clasificación Programática emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) es una de ellas.

Aunque parece un ajuste técnico, cambia la forma en que los gobiernos elaborarán sus presupuestos a partir de 2027, su objetivo es que el presupuesto refleje con mayor precisión las funciones del Estado.

Durante años, actividades tan distintas como educación, salud, cultura, catastro, recaudación de impuestos, registros públicos, sistema penitenciario y órganos de control se clasificaban bajo la misma categoría de “Prestación de Servicios Públicos”, pese a que persiguen objetivos completamente diferentes.

Mientras la educación, la salud o la seguridad brindan atención directa a la población, funciones como el catastro, la recaudación tributaria, los registros públicos o los órganos de control fortalecen el funcionamiento del Estado y garantizan certeza jurídica, financiamiento, legalidad y rendición de cuentas.

Por ello, el CONAC creó la modalidad “Funciones para la Gobernanza Institucional”, donde deberán clasificarse estas actividades estratégicas que, aunque no se traducen en un servicio directo al ciudadano, son indispensables para que el gobierno funcione correctamente.

El presupuesto no solo distribuye recursos; también explica qué hace el gobierno. Clasificar correctamente cada función permitirá evaluar mejor los resultados, asignar responsabilidades y fortalecer la rendición de cuentas.

En Hidalgo, esta reforma representa una oportunidad para que municipios y Gobierno del Estado revisen sus programas presupuestarios. Áreas como catastro, registros civiles, archivos, regulación de mercados, control vehicular y otras funciones regulatorias deberán adecuarse a esta nueva clasificación.

Desde la Contraloría vemos esta reforma como un paso importante para fortalecer la transparencia, combatir la corrupción no consiste únicamente en sancionar servidores públicos; también implica mejorar la organización del gobierno y hacer más claras sus funciones. Cuando un programa presupuestario refleja con precisión su propósito, resulta más sencillo supervisar su desempeño y exigir resultados.

La Contraloría no construye carreteras ni opera hospitales, pero verifica que las obras cumplan con la calidad contratada, que los recursos públicos se ejerzan conforme a la ley y que los servidores públicos actúen con integridad. Lo mismo ocurre con la supervisión de proveedores, las declaraciones patrimoniales, las entregas-recepción y la capacitación de los Comités de Contraloría Social. Son funciones de gobernanza que fortalecen la confianza en las instituciones.

Para los municipios, esta reforma será también un ejercicio de planeación: no bastará con cambiar una clave presupuestaria, sino justificar con claridad la naturaleza y objetivos de cada programa.

Para la ciudadanía representa mayor claridad sobre el destino de los recursos públicos; para los órganos fiscalizadores, mejores herramientas de evaluación; y para quienes administramos recursos públicos, la responsabilidad de explicar con precisión qué hacemos y para qué sirve cada peso que ejercemos.

Durante muchos años discutimos cuánto gastaba el gobierno. Hoy comienza una nueva etapa: entender exactamente para qué gasta. Porque un presupuesto bien clasificado no es solo una herramienta contable; es un instrumento de transparencia que hace más difícil ocultar la corrupción.

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