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El robo de combustibles en México ya no puede combatirse sólo con operativos, decomisos o vigilancia de ductos, porque detrás del negocio existe una estructura financiera, empresarial y criminal que mueve miles de millones de pesos al año, afirmó José Alfonso Rubalcava Jiménez, diputado federal del PAN, quien presentó una iniciativa que propone congelar cuentas bancarias, extinguir bienes y aplicar penas de hasta 30 años de prisión contra quienes financien el huachicol.
La propuesta crea la figura de “Financiamiento de Robo de Hidrocarburos” y busca convertir el combate al robo de combustibles en una ofensiva financiera contra las bandas que obtienen ganancias de este delito, en particular del huachicol fiscal, que representa uno de los mayores boquetes económicos para el país, hasta 200 mil millones de pesos al año.
El problema no solo es la extracción ilegal
En entrevista, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Rubalcava sostuvo que el problema ya no se limita a la extracción ilegal de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que involucra redes complejas que introducen gasolina al país, alteran su clasificación para evadir el pago de impuestos y la comercializan en el mercado formal.
“Eso es lo delicado del huachicol fiscal. Es un contrabando institucionalizado”, afirmó al explicar que combustible adquirido legalmente en Estados Unidos cruza la frontera y, mediante documentación alterada, deja de registrarse como gasolina para convertirse en lubricante, aditivo u otro producto con menores cargas fiscales.
“El robo de combustibles ya no es un delito aislado, sino una industria criminal sofisticada que financia al crimen organizado”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.
Rubalcava aseguró que la magnitud del fenómeno demuestra que no se trata ya de simples bandas dedicadas a la ordeña.
“Se necesitan contadores, administradores, gente de logística, gente que tenga conocimiento aduanal, choferes, camiones; es demasiada la infraestructura que se necesita para un negocio de esta naturaleza”, señaló.
Congelar bienes y dar 30 años de prisión por huachicol
Por ello, la iniciativa, que presentó el pasado 13 de mayo, plantea reformas al Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Instituciones de Crédito, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Hidrocarburos, entre otros ordenamientos.
Una prioridad es fortalecer las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar operaciones sospechosas relacionadas con los combustibles y emitir alertas a partir de discrepancias contables, cambios abruptos en los patrones de compra de gasolina o incrementos patrimoniales que no correspondan con los ingresos declarados.
El legislador explicó que muchas gasolineras reducen de manera drástica sus compras a Pemex sin que disminuyan sus ventas, una situación que, aseguró, debería encender alertas inmediatas para las autoridades financieras y fiscales.
“Nos dimos cuenta que el tema reactivo policíaco no sirve para nada, nos tenemos que ir a un tema financiero, ver qué es lo que está pasando con el dinero que les está entrando”, sostuvo.
Iniciativa plantea congelamiento inmediato de cuentas bancarias
La iniciativa plantea el congelamiento inmediato de cuentas bancarias además de la extinción de dominio sobre bienes y empresas relacionadas con estas actividades, con el objetivo de golpear la rentabilidad del negocio ilícito. “La idea es que ya no sea rentable el tema del huachicol”, indicó.
El diputado rechazó que la reforma pretenda criminalizar a conductores de pipas, transportistas o trabajadores. Para el legislador, detrás del huachicol opera “una mezcla de delincuencia organizada, políticos corruptos y empresarios corruptos”, sostuvo.
Rubalcava previó que, en caso de aprobarse la reforma, los primeros resultados podrían observarse durante el primer año de implementación.
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