Cuotas escolares no son recursos públicos; deben legislarse: Martínez

El coordinador del Frente Nacional por la Familia y miembro de la Unión de Padres de Familia, Jair Martínez, advirtió sobre prácticas indebidas en algunas escuelas del Estado de México, donde las cuotas escolares voluntarias se utilizan para otorgar préstamos o beneficios personales, en lugar de atender las necesidades urgentes de los planteles.

“Es muy delicado que se jineteen el dinero, cuando muchas escuelas tienen carencias graves. Ese recurso debería emplearse de manera inmediata para resolver problemas básicos de las escuelas”, señaló Martínez.

Cuotas escolares no son recursos públicos

De acuerdo con datos del INEGI y la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, existen 19 mil 588 escuelas de educación básica en la entidad, y cerca del 60% presentan deficiencias de infraestructura, lo que afecta directamente a más de 2.8 millones de estudiantes.

Martínez subrayó que, aunque las cuotas escolares no son recursos públicos, sí deberían legislarse y regularse para garantizar su destino. “Cuando se usan para fines ajenos, se comete un fraude que daña a los alumnos. Los padres pueden denunciar, pues cuentan con recibos o comprobantes de sus aportaciones”, afirmó.

El dirigente recordó que la Constitución y la Ley General de Educación establecen la gratuidad de la enseñanza pública y prohíben condicionar inscripción, acceso, exámenes o entrega de documentos al pago de cuotas.

Las aportaciones voluntarias son legales únicamente si se acuerdan en asamblea de padres, se destinan a necesidades reales del plantel y se manejan con transparencia.

Aportaciones voluntarias no pueden ser requisitos obligatorios

En el Estado de México, la legislación local reproduce este criterio: las aportaciones voluntarias no pueden convertirse en requisito obligatorio y deben estar sujetas a mecanismos de vigilancia.

El Reglamento de Participación Social en la Educación incluso obliga a las mesas directivas de padres a rendir informes, presentar cortes de caja y expedir recibos.

Martínez insistió en que la Fiscalía debe sancionar los abusos por desvío de recursos y abuso de confianza, pues de lo contrario se corre el riesgo de que estas prácticas se normalicen. “Si no hay sanción, ¿con qué confianza los padres seguirán aportando?”, cuestionó.

La conclusión jurídica es clara al señalar que las cuotas obligatorias en escuelas públicas son ilegales; las aportaciones voluntarias sí están permitidas, pero deben aplicarse bajo reglas estrictas de transparencia y destino. “La educación pública es gratuita por mandato constitucional. Las familias no deben cargar con la responsabilidad financiera que corresponde al Estado”, enfatizó.

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MPH