Carlos, un joven vecino de Ixtapaluca, denunció discriminación y obstaculización en la atención integral de su esposo José Antonio, por parte de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que este fuera atropellado por motociclistas que viajaban con exceso de velocidad y en estado de ebriedad, dejándolo parapléjico.
Denuncian discriminación en el IMSS de Ixtapaluca
Carlos Hernández, esposo de la víctima, relató que el 24 de mayo de 2025, caminaban por la calle Felipe Ángeles hacia una tienda que se localiza en la esquina con la Avenida Francisco Villa, de la colonia Ampliación Emiliano Zapata, para comprar víveres, cuando repentinamente un par de jóvenes, quienes circulaban en sentido contrario a gran velocidad, arrollaron a José Antonio.
El impacto le provocó lesiones en el cráneo y dañó gravemente su cerebro, por lo que, a más de un año del atropellamiento, ha sido sometido a ocho cirugías; sin embargo, permanece sin habla y paralizado de casi todo el cuerpo, por lo que Carlos se hace cargo de alimentarlo a través de una sonda, de aspirar sus pulmones y de darle todos los cuidados necesarios.
A pesar de que José Antonio es derechohabiente del IMSS y de que tiene sus documentos en regla, su pareja denunció que se han encontrado con trabas y obstáculos para acceder a los beneficios a los que tiene derecho.
“Hice el papeleo para que se paguen las incapacidades; primero me dijeron que necesitaba un juicio de interdicción, pero antes de que se celebrara el juicio –el cual tarda hasta un año– me dijeron que si yo estuviera casado con él, las cosas serían más fáciles. Entonces aprovechamos algunos progresos que él ha tenido, nos casamos y presenté el acta de matrimonio y ahora resulta que no me quieren pagar porque necesitan el juicio”, denunció.
En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró a la interdicción como inconstitucional, al considerar que sustituye la voluntad de la persona, es discriminatoria por basarse en la discapacidad y viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que ese juicio fue reemplazado por un sistema de apoyos y salvaguardas.
“Se logró una resolución de una pensión, pero en ventanilla me dijeron que como dos hombres no se pueden casar, no me pueden pagar una pensión; necesitan que él se muera para que me puedan pagar una pensión porque la señora Mariana Carreón Tapia me dijo que mientras ella estuviera en el centro de salud de la clínica 70 del IMSS, no se me iba a hacer ningún pago”, acusó.
Piden al director revisar el caso por homofobia
El afectado pidió al director general de IMSS, Zoé Robledo, que revise este caso de discriminación y obstaculización de trámites para que se les otorguen las prestaciones, pues debido a la condición de su pareja, él se ha visto en la necesidad de trabajar con normalidad.
Por otro lado, informó que el sujeto que conducía la motocicleta que arrolló a José Antonio estuvo recluido 22 días y luego salió libre bajo fianza y un brazalete. Pues durante el juicio personal, la fiscalía le pidió dinero a Carlos para el perito, a fin de que su dictamen le favoreciera, a lo cual se negó.
Al final, el juez determinó que tanto el transeúnte como el motociclista habían tenido responsabilidad en el hecho, por lo que el conductor no se ha hecho responsable de ningún gasto.
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