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En Jilotzingo se desató una fuerte polémica tras la desaparición y posterior liberación de Alejandra Rojas Báez, integrante del Comité Municipal de Movimiento Ciudadano.
Desaparición de Alejandra Rojas expone fallas institucionales en Jilotzingo
Lo que debió ser un proceso de acompañamiento institucional derivó en un episodio de revictimización, marcado por declaraciones públicas que minimizaron los hechos y politizaron una privación de la libertad.
A través de un documento, Juanita Bonilla, dirigente de Movimiento Ciudadano, y la abogada Esther Tapia denunciaron que autoridades municipales difundieron versiones inexactas —replicadas por algunos medios— en las que se afirmó que Alejandra “se fue de fiesta”.
Esta narrativa, sin sustento probatorio, constituye violencia simbólica y política en razón de género.
La investigación ministerial señala una versión distinta: Alejandra y su primo acudieron a un restaurante-bar en Tlalnepantla, en la zona de Fuentes de Satélite, y fue durante el trayecto, entre los límites de Atizapán y Jilotzingo, donde ella fue privada de su libertad.
El hecho quedó asentado en la carpeta iniciada por su padre, Miguel Rojas Solís, el 31 de enero de 2026 (NUC: TLA/TLA/TLA/104/029095/26/01).
Durante su desaparición se registraron llamadas de carácter extorsivo.
También se desmintió que Alejandra haya regresado voluntariamente a su domicilio.
De la desaparición al descrédito
Fue liberada en el sitio donde permaneció retenida y caminó cerca de cuatro horas para llegar a su casa.
Exámenes médicos practicados posteriormente resultaron negativos a alcohol o sustancias, lo que desmiente expresiones como “tres días de fiesta” o “resaca”.
El presidente municipal, Raziel Chavarría Chavarría, fue señalado por no brindar apoyo efectivo.
No respondió a un oficio del Ministerio Público entregado el 10 de febrero de 2025 —del cual existe acuse de recibo— ni entregó las videograbaciones de cámaras municipales solicitadas.
El único material difundido por el alcalde provino de un establecimiento privado, aportado por vecinos, lo que contradice la versión de un supuesto seguimiento oficial.
Las declaraciones públicas del edil, sostienen las denunciantes, prejuzgaron y politizaron los hechos, trasladando la responsabilidad a la conducta personal de la víctima y reproduciendo estereotipos de género.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido que este tipo de mensajes constituyen violencia simbólica al normalizar el descrédito hacia las mujeres.
Movimiento Ciudadano llamó a ejercer la libertad de expresión con responsabilidad social y a evitar la difusión de información no verificada o discursos de odio.
El caso de Alejandra Rojas Báez, subrayaron, exhibe no solo la fragilidad institucional en Jilotzingo, sino la urgencia de construir narrativas públicas que protejan a las víctimas y no las conviertan en blanco de descrédito político y mediático.
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SPM
