La Segunda Regidora del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, Irma Tenorio Contreras, solicitó la remoción del coordinador del Juzgado Cívico, al aseverar que existe un conflicto de interés, así como presuntas irregularidades en la aplicación de sanciones y el cobro de multas a ciudadanos por incurrir en faltas administrativas.
La representante popular aseguró que ha recibido diversas quejas por parte de ciudadanos quienes, por temor a represalias, no han presentado denuncias formales ante las autoridades correspondientes, sobre presuntos actos irregulares y cobros indebidos.
Piden destitución de coordinador de juzgado cívico de Valle de Chalco
Por ello, instó al Secretario del Ayuntamiento, Alexandro Tenorio Santos, de quien depende el Juzgado Cívico, promover ante los integrantes del cabildo la destitución del funcionario encargado de coordinar a los jueces de esa instancia.
“Las multas no se pagan ni se deben pagar nunca directamente al juez cívico, deben pagarse en tesorería municipal, donde se entregará un comprobante oficial. Si algún funcionario del juzgado pide dinero directamente los ciudadanos infractores deben denunciar ante la contraloría municipal o la Secretaría del Ayuntamiento”, advirtió Tenorio Contreras.
Va encaminada a evitar abusos y pagos injustos
La servidora pública, consideró fundamental que la ciudadanía sepa que en el caso de que el infractor sea jornalero, obrero o trabajador asalariado, la multa por una falta administrativa no puede exceder del importe del salario de un día, el cual se puede acreditar con recibo de pago, nómina, lista de raya o credencial de trabajo.
En caso de ser trabajador no asalariado, la multa no debe exceder el equivalente a un día de ingreso. Además de que, cuando la ley permita, la multa o el arresto podrá conmutarse por trabajo en favor de la comunidad o por medidas para mejorar la convivencia cotidiana, lo cual se puede solicitar en la audiencia con el juez.
Ello con base en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 36A, 39 y 43 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus municipios, así como los artículos 60, 64 y 65 del Reglamento de Justicia Cívica Municipal.
“Mi solicitud va encaminada a evitar abusos y pagos injustos, y que haya una mejor supervisión del actuar de los jueces cívicos, con una impartición de justicia transparente hacia la ciudadanía”, concluyó.
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