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En México, la violencia económica contra las mujeres no solo la ejercen sus parejas, también es ejecutada por instituciones fiscales y tribunales legales, es decir el Estado impone obstáculos cuando exige tramites imposibles, cobra impuestos desproporcionados o limita las devoluciones a quienes más lo necesitan, señala la abogada, Diana Johaly Hernández López.
En su artículo titulado, Acceso desigual a la Justicia: Barreras estructurales en los mecanismos fiscales y legales para las mujeres en México, publicado en el Informe de Genero Nosotros en México, 2026, la especialista en Derecho Fiscal y Administrativo menciona que la Constitución establece que todas las personas mexicanas deben contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, sin embargo, en la práctica el sistema fiscal está diseñado con una fuerte apuesta a la digitalización de trámites, desde la presentación de declaración de impuestos, hasta las devoluciones o compensaciones.
En este sentido indica que esta apuesta por la digitalización tendría sentido en un país con acceso universal a internet, pero México sigue arrastrando profundas brechas digitales y de género ya que perpetúa el acceso de desigual a oportunidades para mujeres indígenas, trabajadoras del hogar y otras poblaciones que enfrentan además barreras éticas, territoriales y de clase.
Acceso a la justicia no debería de ser un privilegio
La jurista plantea que el acceso a la justicia no debería de ser un privilegio, pero en México, para muchas mujeres lo es, cifras oficiales del INEGI señalan que mientras el 84.1 por ciento de los hombres usan internet, solo el 82.3 por ciento de las mujeres tienen acceso, en zona rurales la brecha es aún mayor, en donde apenas siete de cada 10 mujeres logra conectarse por lo que miles de ellas están condenadas a no poder cumplir, no por falta de voluntad sino porque el sistema está diseñado para excluirlas desde el inicio.
Asimismo, acentúa que, en el 2023 en México, las mujeres aportaron alrededor del 36 por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta de personas físicas, de acuerdo con cálculos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo que representó alrededor del 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto. No obstante, la proporción más grande de trabajadores remuneradas se encuentran en el comercio, restaurantes y trabajo doméstico, es decir en trabajos no reconocidos de manera formal.
En su análisis la jurista puntualiza que, en el país, si bien es cierto que todas las personas contribuyentes pueden realizar su declaración de impuestos, y por ende, deducir gastos, existe un sesgo implícito, ya que para acceder a las deducciones personales, es necesario: tener ingresos suficientes para generar gastos deducibles, pagar con medios electrónicos y exigir comprobantes fiscales, contar con asesoría contable conocimiento técnico para realizar la declaración en el portal electrónico del SAT.
Lo anterior se vuelve casi imposible cuando de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, en México, las mujeres ganan aproximadamente entre 10 y 25 pesos por hora respecto del trabajo realizado por los hombres, aunado que apenas el 60 por ciento de las mujeres adultas entre 18 y 70 años han tenido acceso a algún producto financiero, frente a un 71 por ciento de los hombres, afirma Hernández López.
Burocracia y lenguaje técnico entre los obstáculos
En este sentido, la abogada revela que los obstáculos para el desarrollo de las actividades de las mujeres son la burocracia y lenguaje técnico, con lo que un derecho se convierte en un privilegio, reservado a quienes pueden pagar una asesoría o cuentan con cierto nivel de educación; exclusión digital; costos inalcanzables, en muchas ocasiones, la asesoría jurídica o fiscal cuesta más que el beneficio económico esperado; falta de perspectiva de género institucional: las oficinas fiscales y los tribunales no están diseñados para reconocer las condiciones diferenciadas aunada o a un sistema financiero que no cuenta con productos diseñados para reconocer este tipo de sesgos.
El Estado también ejerce violencia económica contra las mujeres
La política tributaria en México en vez de convertirse en un motor de redistribución, se ha consolidado como una reproducción de desigualdades estructurales, subraya, por lo que propone una alfabetización fiscal y legal con perspectiva de género, es decir crear programas accesibles que traduzcan el lenguaje técnico en herramientas comprensibles.
También formula una simplificación de trámites, que signaría contar con portales con diseño claro y opciones presenciales para quienes no tengan acceso digital; reformas legales estructurales que incorporen explícitamente el concepto de perspectiva de género en el Código Fiscal de la Federación y en las políticas de acceso a la justicia de la mano de capacitación para agentes involucrados; un sistema nacional de cuidados: para garantizar que las mujeres no tengan que elegir entre cuidar o declarar, producir o reproducir.
Finalmente, Hernández López afirma que la fiscalidad con perspectiva de género no es un lujo, ni una concesión, es una deuda histórica.
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